Domingo, 15 de Noviembre de 2026
Nacional

Cuatro mapas, un mismo territorio: la fotografía del museo y los decretos de Justicia

La imagen deja una pregunta, y no es retórica. Es la que aparece cuando un trabajador negocia su salario y le responden que no alcanza. La que aparece cuando una mujer reclama que el cuidado se reparta. La que aparece cuando alguien exige una ley que no se escriba solo para quienes tienen abogados. En los tres casos se pregunta lo mismo. Quién produce la riqueza, quién decide sobre ella, quién paga sus costos y quién queda en la memoria.

En el Museo Kossuth de la ciudad de Cegléd, Hungría, una fotografía de la fábrica de Ferenc Lugosi concentra la atención de José Campusano Alarcón, quien firma en El Siglo el 14/11/2026. Según el cartel, la fábrica se fundó en 1898 para fabricar pulverizadores para viñedos. El propietario posa con dieciocho personas, entre ellas cuatro niños y tres mujeres. Están serios, quietos, con la ropa de trabajo. El pie de foto los llama empleados. No dice la fecha, no dice qué hacía cada uno y no dice sus nombres. Al leerlo, el relato recuerda Lota y las salitreras, donde los papeles y las fotos también contaban a la gente sin nombrarla.

Cuatro mapas y una sola tierra aparecen en el recorrido: el cartel, la fotografía, el censo industrial y un decreto de 2026. En los cuatro hay alguien que firma con su nombre y otros que solo aparecen en números.

El censo industrial húngaro de 1910, recogido por Borovszky, registra ese mismo establecimiento con un motor de bencina y treinta obreros. La fotografía muestra dieciocho personas. Puede ser anterior o parcial. La imagen no contiene a la fábrica; contiene lo que de la fábrica se quiso fotografiar.

El propietario tiene nombre y apellido. Los dieciocho no. Esa es la regla del mapa. No es un descuido: es el archivo funcionando. El pie de foto convierte a los presentes en empleados, y así una relación de explotación aparece como un contrato. “Las ideas dominantes de cada época son las ideas de la clase dominante”, escribieron Marx y Engels en 1846.

El materialismo histórico no se entiende aquí como una fórmula que reduce todo a la economía, sino como un método para mirar los hechos que las palabras describen: quién era dueño de los medios de producción, quién trabajaba para quién y quién se quedaba con la diferencia. Ninguna relación social se sostiene si no reproduce las condiciones materiales que la hacen posible.

Germán Rojas publicó el 4 de noviembre en Crónica Digital una réplica al ensayo “La confesión del poder: cuando la crítica confunde el mapa geopolítico con el territorio de la lucha de clases”, y pregunta hasta dónde pueden las reformas cambiar las relaciones de poder. En otra conversación, Orión, dirigente estudiantil en la dictadura y hoy destacado arquitecto, hizo llegar una reflexión. Sus pasajes centrales son los siguientes:

“Me parece especialmente valiosa tu advertencia sobre el riesgo de confundir los mapas geopolíticos con las relaciones reales de poder que operan dentro de las sociedades. Comparto plenamente que ningún mapa debe confundirse con el territorio. Desde la perspectiva que vengo desarrollando, introduciría una diferencia: así como la geopolítica no basta para explicar los conflictos sociales, tampoco creo que la lucha de clases pueda constituir su explicación central. El poder se construye, organiza y reproduce también mediante las instituciones, las normas, el territorio, la tecnología, la información y la cultura. Estos mecanismos no son simplemente expresiones de las relaciones económicas; poseen dinámicas propias y determinan, en buena medida, las posibilidades de actuación de los individuos y las sociedades. […]”

Orión tiene razón en lo que describe. Las instituciones y las normas tienen dinámicas propias y no son un reflejo de la economía. Pero conviene mirar los hechos. Una escuela, un tribunal o un ministerio necesitan presupuesto. El presupuesto sale de impuestos, y los impuestos salen del trabajo y del excedente que se produce en la economía entera: en la fábrica, en el campo, en el banco y en la oficina. Pueden hacer mucho. Aun así, no pueden abolir la relación que las financia.

Vuelven los cuatro niños. La tentación es creer que estaban allí porque la industria todavía no había terminado de modernizarse y que la máquina, con el tiempo, los habría reemplazado. Pasó lo contrario. La máquina no los reemplazó: los contrató. Al quitarle fuerza física al oficio, permitió que mujeres y niños hicieran tareas que antes exigían hombros de hombre, y que se pagaran más baratas. La fábrica no esperó a que crecieran. El pulverizador que aumenta la producción y la criatura que sostiene la boquilla son la misma relación vista desde sus dos extremos.

En Chile esa relación tiene nombre literario. En 1904 Baldomero Lillo publicó Sub Terra. En “La compuerta número 12” un padre lleva a la mina a Pablo, su hijo de ocho años. “Somos seis en casa y uno solo el que trabaja”, dice. La frase describe un mecanismo y no solo una desgracia. El salario del padre no alcanzaba para reproducir la fuerza de trabajo de la familia. La diferencia la pagaban las horas del hijo. En Curanilahue, en 1920, un niño ganaba entre 1,2 y 4 pesos diarios y un adulto, 6,5 de promedio. No era la necesidad familiar: era el salario.

No era solo literatura. En 1916, en Schwager, trescientos niños hicieron huelga junto a mil ochocientos ochenta y siete adultos. Pedían salario. Ocho años después, en 1924, la ley prohibió el trabajo subterráneo a los menores de dieciocho años, pero no el trabajo infantil en la superficie. Y en agosto de 1928, cuatro años después de esa ley, la Cámara de Diputados seguía discutiendo la protección a la infancia. Un diputado leyó entonces lo que Hercadio Fernández había publicado en la Revista de la Habitación, donde contaba que en Lota trabajaban más de trescientos niños de entre ocho y dieciséis años, en Schwager más de doscientos y en Curanilahue unos ciento cincuenta.

Los dueños tenían otro país. En 1895 las firmas británicas concentraban el 59% de la propiedad salitrera y el capital chileno apenas el 12%. El carbón, en cambio, estaba en manos de compañías nacionales. Dos ramas de la misma dependencia, con dueños distintos y por eso con formas de conflicto distintas.

¿Cuánto demoró el mundo en abolir el trabajo infantil? Aún no lo ha abolido. La OIT aprobó su primer convenio sobre la edad mínima en 1919, y el de las peores formas en 1999. En 2020 los 187 Estados miembros lo habían ratificado todos. En 2015 la ONU prometió terminar con el trabajo infantil para 2025. La OIT y UNICEF contaron 138 millones de niños trabajando en 2024. El plazo venció y el trabajo infantil no.

El presente no borró esa estructura: la recompuso. Aquella economía que ponía a los niños a sacar carbón y salitre vendía lo que el suelo daba. Casi un siglo después seguimos ahí, con otras cifras y otros dueños. Según la SUBREI, en 2025 la minería concentró el 59,1 por ciento de las exportaciones y el cobre el 51,6. Son 107.004 millones de dólares. En 1971, cuando Allende nacionalizó el cobre, Chile exportaba 1.064 millones y el cobre ponía 840, casi el 79 por ciento.

Dos años después, con la gran minería ya en manos del Estado, esa área exportó 896 millones de los 1.088 que el país vendió en cobre, más del 82 por ciento. Hoy la proporción se invirtió. Según Cochilco, en 2025 Codelco produjo el 24,3 por ciento del cobre y las mineras privadas el 75,7. Escondida, una sola faena privada, sacó más metal que las siete divisiones de Codelco juntas. No tiene un solo accionista chileno. Los Luksic, en cambio, sí están en el cobre, pero su 65 por ciento de Antofagasta plc, la empresa que controla Los Pelambres, está inscrito en Londres y se administra desde dos fundaciones de Liechtenstein.

Seguimos exportando lo que el suelo da y comprando lo que no tenemos. Detrás de esa cuenta hay otra que casi nunca se escribe. El salario paga lo que cuesta reponer al trabajador, no lo que el trabajador produce. La diferencia se la queda quien lo contrata, y a eso se le llama plusvalía.

Para que esa diferencia se repita cada mes, alguien tiene que reponer la fuerza de trabajo todos los días, y eso lo hacen sobre todo las mujeres, sin paga. La II Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, del INE, midió 4 horas y 57 minutos diarios de trabajo no remunerado para las mujeres y 2 horas y 52 para los hombres. La brecha bajó desde 2015, pero sigue siendo enorme.

El otro mapa no está en un museo. Es un decreto firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por orden del Presidente Kast. En rigor son 56 decretos que rebajaron condenas por delitos sexuales contra menores. Veintisiete por abuso sexual. Veintinueve por violación. Solo una solicitud fue rechazada. Después se supo que a esos 56 se habían sumado tres por tortura y secuestro calificado, dos de ellos a presos de Punta Peuco. Además, 115 extranjeros condenados por drogas, de 150 casos revisados, sin que el ministerio se opusiera a ninguno. Los decretos invocan la misma fórmula: que el ministerio no está habilitado para negar el beneficio por la gravedad del delito.

El Presidente ha blindado a su ministro incluso en contra de su propio sector y la oposición anuncia una acusación constitucional.

Orión tendría razón en una parte. Aquí el poder funciona con normas, procedimientos y capacidad de decidir en silencio.

Pero miremos qué describen esas normas. Un decreto exento firmado por orden del Presidente no es una regla general. Es una decisión singular, tomada caso a caso, sin debate público y sin que nadie vote. Su forma técnica es lo que la vuelve invisible. Es la misma operación del pie de foto del museo. Allí, una relación de explotación aparecía como un contrato. Aquí, una decisión política aparece como un acto administrativo.

Y la dirección de esa decisión tiene dueño. La misma mano que rebaja la pena de un abusador rebaja la de un torturador y la de un narcotraficante. El Estado no es neutral cuando perdona y castiga. Perdona hacia un lado. Si el criterio hubiera sido proteger a la infancia, la lista no tendría narcotraficantes ni torturadores. El niño no era el criterio.

El aparato que decide sobre una condena es el mismo que decide sobre un salario, una pensión o una jornada. Aquí está lo que el ensayo sobre la confesión del poder llamaba el territorio. La crítica geopolítica no tiene nada que decir sobre estos decretos. No hay bloques, no hay soberanía, no hay guerra. Hay un escritorio, una firma y ciento setenta y cuatro condenas que se acortan.

Y eso responde a Rojas. Una reforma cambia la correlación de fuerzas, y eso no es poco, pero no sustituye la relación de apropiación.

La fotografía vuelve. No se sabe cuánto ganaban, ni qué jornada cumplían, ni qué fue de los cuatro niños y de las tres mujeres. Pero tampoco es posible aceptar que la historia de la fábrica se agote en el nombre de quien la fundó.

La imagen deja una pregunta, y no es retórica. Es la que aparece cuando un trabajador negocia su salario y le responden que no alcanza. La que aparece cuando una mujer reclama que el cuidado se reparta. La que aparece cuando alguien exige una ley que no se escriba solo para quienes tienen abogados. En los tres casos se pregunta lo mismo. Quién produce la riqueza, quién decide sobre ella, quién paga sus costos y quién queda en la memoria.

El territorio se ha reescrito antes. La ley de 1924 no fue un regalo, y la nacionalización de 1971 tampoco. Fueron conquistas de gente organizada, que después se perdieron. Nada de lo conquistado está asegurado y nada de lo perdido es definitivo. La foto no cambia porque cambie el pie. Cambia cuando cambia quién paga, y eso no lo hace un decreto. Lo hacen los trabajadores cuando se organizan. Una vida mejor no es una consigna. Es que el sueldo alcance, que ningún niño tenga que trabajar para comer, que el cuidado se reparta y que el nombre de los que trabajan quede escrito.

Silvio Rodríguez escribió una canción con esas dos palabras juntas, «Entre el espanto y la ternura», y Beatriz Corona la llevó al coro. La ternura no es lo contrario del espanto. Es lo que nos permite mirar la foto, y el país, sin volvernos de piedra. Lo demás es retocar el pie de foto.

Con Información de elsiglo.cl

gerente

Redacción.

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