Daniela Pizarro, periodista, 06/11/2026.
El proyecto de Presupuesto 2027 del Gobierno de José Antonio Kast pasó a la Cámara de Diputadas y Diputados luego de cinco jornadas de discusión en la Comisión Mixta de Presupuestos. No obstante, varias partidas y programas sociales quedaron fuera de la propuesta del Ejecutivo, en medio de fuertes cuestionamientos por la reducción de recursos destinados a educación, empleo, capacitación y derechos humanos.
La discusión del proyecto de Presupuesto 2027 entró en una nueva etapa después de que este viernes la Comisión Mixta de Presupuestos despachara el proyecto a la Cámara Baja, donde comenzará su revisión en Sala a partir del próximo lunes.
El debate estuvo marcado por las diferencias entre el Ejecutivo y parlamentarios de distintos sectores respecto de los criterios utilizados para definir las prioridades del gasto público, particularmente por los recortes y la eliminación de programas que tienen impacto directo en las familias trabajadoras y los sectores más vulnerables.
Aunque el Gobierno ha defendido su propuesta con el argumento de ordenar las finanzas públicas, mejorar la eficiencia del gasto y revisar programas con evaluaciones deficientes, desde la oposición han advertido que detrás de ese discurso se impulsan reducciones que amenazan la continuidad de políticas públicas y beneficios sociales.
Uno de los principales cuestionamientos surgió en torno a los recursos destinados al empleo y la capacitación laboral. Durante la discusión presupuestaria quedaron fuera de la propuesta tres subsidios: el Subsidio al Empleo Joven, el Subsidio al Empleo de la Mujer y el Subsidio Unificado al Empleo.
De acuerdo con los cálculos expuestos por parlamentarios de oposición, los recursos asociados a estos beneficios pasarían de aproximadamente $194 mil millones a $89 mil millones. También fueron rechazados cinco programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), entre ellos Capacitación en Oficios, Becas, Intermediación Laboral y Reconversión Laboral.
La situación genera preocupación por sus eventuales consecuencias sobre las oportunidades de inserción laboral, especialmente para jóvenes, mujeres y trabajadores que necesitan capacitación para acceder a nuevos empleos o reconvertirse laboralmente.
En este ámbito, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, deberá evaluar nuevas propuestas para recuperar recursos durante la tramitación en la Cámara. Entre ellas se encuentra una iniciativa respaldada transversalmente para trasladar cerca de $13.800 millones hacia el programa de Capacitación en Oficios.
La educación fue otro de los sectores que concentró cuestionamientos. Entre las medidas más controvertidas figura la eliminación del financiamiento para el programa Yo Elijo Mi PC, que entrega computadores a estudiantes de séptimo básico en situación de vulnerabilidad, además de la disminución de recursos para los Liceos Bicentenario.
La propuesta también recibió reparos por sus efectos en vivienda y obras públicas. Parlamentarios advirtieron sobre reducciones presupuestarias en programas de habitabilidad rural y recursos destinados a los servicios regionales de vivienda, así como por cambios en los mecanismos de financiamiento de la construcción de viviendas sociales.
En materia de derechos humanos, la asignación presupuestaria del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que contempla $16.972 millones, también fue objeto de una votación de rechazo en la instancia. La discusión deberá considerar su carácter de gasto permanente, aspecto que fue planteado por la Dirección de Presupuestos.
Estos cuestionamientos se suman a las alertas por la reducción de recursos en otras áreas, como salud, inversión pública y sitios de memoria, lo que refleja que el debate presupuestario no se limita a una discusión contable, sino que involucra definiciones sobre el alcance de las responsabilidades sociales del Estado.
Las objeciones a la propuesta gubernamental no provinieron exclusivamente de la oposición. Durante las sesiones también surgieron reparos desde parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional, especialmente por los efectos de los recortes en educación, vivienda y agricultura.
El senador UDI Gustavo Sanhueza cuestionó las reducciones en los Liceos Bicentenario y el programa Yo Elijo Mi PC, y advirtió que los problemas de diseño de una política pública deben corregirse y no necesariamente resolverse mediante su eliminación.
Desde Renovación Nacional también se manifestaron preocupaciones por los recursos destinados a vivienda y obras públicas, mientras que en agricultura se cuestionaron las reducciones a programas del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la falta de recursos para enfrentar emergencias.
En la oposición, las críticas apuntaron a que el Gobierno está utilizando el argumento de la eficiencia fiscal para justificar una política de reducción del gasto que puede terminar debilitando derechos y prestaciones fundamentales.
A ello se agrega la controversia por el endeudamiento fiscal contemplado en el proyecto, que autoriza obligaciones por hasta US$25.600 millones, cifra que también abrió interrogantes sobre la consistencia entre el discurso de austeridad del Ejecutivo y sus necesidades de financiamiento.
La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, explicó algunos detalles de la propuesta de presupuesto emanada de la instancia legislativa.
“Creo que es importante transparentar que lo que se acaba de presentar como presupuesto no cubre las necesidades de los chilenos y chilenas. Estamos frente a un presupuesto que contempla recortes en sus iniciativas de inversión y que avanza en un desmantelamiento de la educación pública. El Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Hacienda, no presentaron una nueva propuesta”, indicó.
Y agregó que “en ese sentido, también es importante alertar que los principales esfuerzos se han concentrado en endeudar al país. Sin embargo, en materia de derechos sociales, es muy poco lo que el Gobierno ha cedido”.
“Incluso lo advertimos: si se aprobaba la megareforma, iba a generar un déficit fiscal muy importante. Este es el primer presupuesto en el que estamos enfrentando ese déficit y, lamentablemente, el Gobierno ha hecho oídos sordos a nuestras advertencias respecto de que no entre en vigencia la rebaja de impuestos contemplada en la megareforma, porque eso afecta directamente nuestra recaudación”, recalcó la parlamentaria.
Y añadió que “también buscamos reponer los recursos para dos sitios de memoria, que perdieron una parte importante de su presupuesto en este erario fiscal. Uno esperaría que el Gobierno hubiera dado una respuesta, pero, lamentablemente, frente a cada una de las iniciativas que buscábamos reponer, o en las que intentábamos abrir un debate sobre cómo se estaba evaluando al menos la continuidad de estos presupuestos, tanto la Dirección de Presupuestos como el ministro de Hacienda guardaron silencio”.
“Lo que esperamos es que puedan reponer estos recursos en la Sala. Sin embargo, lamentablemente, no hemos encontrado disposición para hacerlo. Por eso, vamos a seguir bregando para que esos recursos se repongan y, en definitiva, lo que vamos a hacer como bloque y también como oposición es priorizar cuáles de las partidas y cuáles de los capítulos debiesen ser rechazados”, concluyó la legisladora PC.
Asimismo, la diputada Ana María Gazmuri subrayó que “lo que estamos viendo, además, es un endeudamiento feroz del país, que resulta absolutamente incomprensible si consideramos que, por otro lado, se está impulsando una enorme rebaja tributaria para los sectores más ricos, a través de la reforma que mal llaman Proyecto de Reconstrucción Nacional. Se les rebajan los impuestos a los más ricos, pero se endeuda a Chile. No se entiende esa contradicción”.
“En materia de salud, la preocupación es igualmente profunda. Más allá de las explicaciones de la ministra, hoy hemos visto a los gremios de la salud, al Colegio Médico, al Colegio de Dentistas, a las organizaciones y consejos de usuarios manifestar transversalmente su inquietud frente a este presupuesto. Y hay que destacar que logramos rechazar la propuesta de per cápita, que era absolutamente insuficiente. Esperamos ahora que el Gobierno presente una propuesta razonable, que permita responder adecuadamente a las necesidades de salud de nuestras comunidades”, aseguró la parlamentaria.
Y concluyó: “también nos preocupa profundamente el carácter ideologizado que ha tenido la discusión de este presupuesto. Incluso hemos visto ironías y actitudes de menosprecio frente a asuntos especialmente sensibles para nuestro país, como los derechos humanos y los sitios de memoria. Basta observar el comportamiento del oficialismo frente a estas materias para dimensionar la gravedad de lo que estamos viviendo”.
Con Información de elsiglo.cl
