Valparaíso, 03/11/2026. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca sancionar la extorsión territorial y el llamado cobro de protección, práctica en la que organizaciones criminales amenazan a comerciantes, trabajadores y habitantes de determinados sectores para exigirles pagos a cambio de permitirles realizar sus actividades.
La iniciativa fue presentada por el diputado Bernardo Salinas Maya (PC) junto a un grupo transversal de parlamentarios de distintos sectores políticos. Su objetivo es abordar una modalidad de extorsión que afecta especialmente a barrios comerciales, ferias libres, pequeños emprendimientos y otros espacios donde grupos delictivos ejercen control territorial mediante intimidación y amenazas.
Tras la votación, Salinas destacó que el proyecto responde directamente a las demandas de comunidades y organizaciones que han denunciado estas situaciones.
“En primer lugar, para que la ciudadanía entienda que los diputados no vivimos en una burbuja: este proyecto obedece a empatizar y hacernos cargo de lo que las propias organizaciones barriales y comerciales nos han manifestado. La extorsión territorial es un hecho gravísimo que se ha ido fortaleciendo y ampliando a nivel nacional”, señaló el parlamentario.
El legislador advirtió sobre la gravedad de una práctica que permite a grupos criminales someter económicamente a comunidades completas mediante cobros ilegales a quienes necesitan trabajar.
“Son bandas organizadas, personas individuales, grupos de personas, bandas organizadas del crimen organizado que tienen aterrorizados territorios completos, donde le cobran a cada locatario, por ejemplo, una cantidad de recursos para poder, no brindarle protección, sino que para dejarlos trabajar”, explicó.
Salinas sostuvo que la iniciativa busca abordar un vacío en la legislación vigente, estableciendo un tratamiento penal específico para las conductas de extorsión vinculadas al control de territorios y actividades económicas.
“Por tanto, era un vacío legal que no existía, porque sí existía la extorsión a las personas, pero no existía la extorsión territorial. Aquellos que se toman territorios completos, tenemos varios ejemplos, no los voy a mencionar por razones obvias, pero sabemos que en el centro de Santiago, en los barrios comerciales donde hay acopio de productos hortofrutícolas, en ferias libres, etc., existen estas bandas que piden una cantidad no menor”, afirmó.
Uno de los antecedentes más preocupantes expuestos por Salinas corresponde a testimonios recibidos directamente de comerciantes afectados, quienes han denunciado exigencias económicas de gran magnitud para poder desarrollar sus actividades.
“De hecho, hay gente que se nos acercó, locatarios, ‘nos cobraron 20 millones de pesos para poder dejarnos trabajar’”, relató el diputado, dando cuenta de la dimensión que puede alcanzar esta modalidad delictiva.
El proyecto propone incorporar al Código Penal disposiciones específicas para sancionar la extorsión territorial y el cobro de protección, con penas agravadas cuando estas conductas busquen establecer o mantener el control de barrios, ferias, establecimientos comerciales u otros espacios. También contempla sanciones para quienes recauden, administren u oculten los recursos obtenidos mediante estas prácticas, además de fortalecer las medidas de protección para las víctimas y sus familias frente a eventuales represalias.
Durante su discusión en la Comisión de Seguridad Ciudadana, parlamentarios de distintos sectores formularon observaciones al texto original, las que fueron recogidas mediante una indicación de consenso que permitió perfeccionar la propuesta y alcanzar su aprobación unánime.
Salinas valoró especialmente este resultado y destacó que la iniciativa busca proteger derechos fundamentales y establecer sanciones más severas para quienes recurren a la intimidación y la violencia con fines de control territorial.
“Bueno, nosotros recogimos ese vacío legal, lo convertimos en un proyecto de ley y tenemos la satisfacción hoy día, porque interpretamos a la gente, de que se aprobó en forma unánime en esta Comisión, lo que se llama un proyecto contra la extorsión territorial, donde protege varios bienes jurídicos: la libertad, el derecho al trabajo, la propiedad, etc. Pero además lo agrava aumentando las penas de 10 años y un día, nosotros decíamos hasta 20 años, llegamos a un consenso de que es su grado medio a máximo”, sostuvo.
Finalmente, el diputado Bernardo Salinas expresó su expectativa de que la iniciativa continúe avanzando en su tramitación legislativa, primero mediante su votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y, posteriormente, en el Senado.
“Esperamos que este proyecto se vote primero en la Cámara y posteriormente se vaya al Senado, porque creo que responde a una necesidad de carácter urgente para proteger hoy día la integridad, la tranquilidad, la libertad y la paz que requieren los territorios de todo Chile, porque esta es una ley que interpreta muchísimas otras localidades, no solamente dos o tres regiones, sino que esto está masificado, se concentra en los grandes centros urbanos, pero esto es una expresión nacional”, concluyó.
Con este avance, la iniciativa queda en condiciones de continuar su tramitación legislativa, con el objetivo de entregar herramientas específicas para enfrentar una modalidad delictiva que amenaza el derecho al trabajo, la seguridad y la convivencia en los territorios.
Con Información de elsiglo.cl
