Se atribuye tradicionalmente a Bernardo O’Higgins una última palabra antes de morir: «Magallanes». Aunque su veracidad sea cuestionada, la frase refleja una preocupación que marcó significativamente su pensamiento político. Igualmente se le adjudica una advertencia posterior a la batalla de Chacabuco: «Este triunfo y cien más se harán insignificantes si no dominamos el mar». Ambas expresiones revelan una misma convicción: Chile no puede ignorar su condición marítima ni su extremo austral.
Esta convicción permanece vigente. El Estrecho de Magallanes constituye una vía estratégica entre los océanos Atlántico y Pacífico y representa una puerta natural hacia la Antártica. Su relevancia geopolítica se incrementa en un contexto internacional donde las rutas marítimas, la energía, los recursos naturales y la presencia antártica vuelven a ser objeto central de competencia internacional.
La soberanía chilena sobre el Estrecho no admite interpretaciones ambiguas. El Tratado de Límites de 1881 reconoció su carácter chileno, estableció la libre navegación para todas las banderas y ordenó su neutralización. Más de cien años después, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 confirmó el límite en su acceso oriental y cerró una controversia que en 1978 había llevado a Chile y Argentina al borde de un conflicto armado por las islas Picton, Nueva y Lennox.
Por estas razones revisten importancia las declaraciones del brigadier general Gustavo Javier Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quien incluyó a Magallanes y al paso Drake dentro de una afirmación genérica sobre soberanía argentina. La explicación posterior —atribuida a una confusión o falta de precisión— resulta insuficiente. No constituye el primer incidente de este tipo y además procede de una autoridad militar de alto rango. En materia de límites internacionales, las palabras oficiales nunca carecen de significado.
Se suma a esto el Decreto 457 de 2021, dictado durante el gobierno de Alberto Fernández, que calificó al Estrecho de Magallanes como un «espacio compartido». Argentina ha reconocido el error de esa formulación y ha anunciado su corrección, pero el decreto continúa generando incertidumbre innecesaria sobre una cuestión ya resuelta por tratados vigentes. Una declaración diplomática resulta útil, pero no reemplaza la derogación formal de un acto administrativo que contradice el sentido de esos acuerdos.
El gobierno chileno tiene la obligación de exigir claridad. La afinidad ideológica entre José Antonio Kast y Javier Milei no puede situarse por encima de los intereses permanentes del Estado. La visita de Milei a Chile para participar en el Foro Madrid representaba una oportunidad para resolver públicamente el asunto. Sin embargo, el mandatario argentino utilizó su intervención para atacar a la izquierda chilena con insultos, además de reivindicar una interpretación complaciente de la dictadura. No se trató solamente de una falta de cortesía: fue una intromisión política ante la cual La Moneda respondió con una prudencia difícil de justificar.
No obstante, defender la soberanía no implica promover el nacionalismo ni impulsar a ambos países hacia una carrera armamentista. Chile debe mantener capacidades defensivas adecuadas, pero sería irresponsable convertir cada provocación verbal en estímulo para el rearme regional. Argentina, Perú y Chile enfrentan desigualdad, desempleo, inseguridad, narcotráfico, crisis migratorias y demandas sociales que no se resuelven a través de la adquisición de armamento cada vez más costoso.
Asimismo debe rechazarse la presión de las grandes potencias para aumentar el gasto militar como si fuera la única medida de responsabilidad internacional. América del Sur requiere autonomía estratégica, cooperación y mecanismos efectivos de resolución de controversias. Subordinar la política de defensa a las prioridades de Washington —o de cualquier otra potencia— no fortalece la soberanía: la debilita.
La experiencia de 1978 ofrece una lección relevante. La mediación papal, confiada al cardenal Antonio Samorè por Juan Pablo II, evitó una guerra cuyas consecuencias habrían sido devastadoras. El cardenal Raúl Silva Henríquez participó activamente en crear condiciones favorables para la paz. Aquella salida no resultó del debilitamiento, sino de la diplomacia, la prudencia y la voluntad política.
Hoy estos protagonistas no están presentes y los organismos multilaterales exhiben una pérdida preocupante de autoridad. Precisamente por ello, Chile debe actuar con mayor rigor: presentar nota diplomática, exigir la derogación del decreto argentino, ratificar bilateralmente los tratados y desarrollar una política de Estado hacia Magallanes y la Antártica que no dependa del gobierno en ejercicio.
El Estrecho de Magallanes pertenece a Chile y su libre navegación está garantizada internacionalmente. Ambas afirmaciones son compatibles. La tarea no consiste en elegir entre soberanía y paz, sino en defender ambas con igual firmeza. La soberanía no se protege con insultos ni con gestos teatrales; se protege con derecho internacional, presencia efectiva, diplomacia consistente y una ciudadanía consciente del territorio que habita.
Con Información de desenfoque.cl
