Juan Carlos Gómez Leyton, posdoctor en Estudios Latinoamericanos, doctor en Ciencias Sociales y Política y director académico del CIPPSAL, publicó este análisis el 11/10/2026.
La sociedad chilena, a siete meses del primer año de gobierno de la extrema derecha que preside José Antonio Kast y el Partido Republicano, comienza a mostrar signos de un agotamiento prematuro. Esto se expresa en el aumento constante de la desaprobación y el descontento ciudadano con la gestión gubernamental, que según la última encuesta de Criteria llega al 60%, y en la masiva movilización de estudiantes universitarios y secundarios, funcionarios de la salud primaria y profesores, en protesta por los “recortes” de beneficios y programas sociales en distintas áreas del presupuesto 2027, que inicia su discusión parlamentaria.
El descontento ciudadano reflejado en las encuestas tiene múltiples raíces. Entre ellas, la económica, vinculada al alza de las bencinas, que se multiplica en todas las áreas del gasto cotidiano familiar y encarece de manera abrumadora y angustiante el costo de la vida. La situación se agrava por el millón de ciudadanos y ciudadanas que carecen de un empleo formal, regular y continuo. El desempleo incrementa, a nivel popular, la malnutrición infantil y adulta, es decir, el hambre; la pobreza material; el comercio informal de coleros y ambulantes urbanos; la violencia intrafamiliar; el alcoholismo y la drogadicción por desesperación y desamparo; la deserción escolar; la inserción de niños, niñas y adolescentes como adultos en el crimen organizado y el narcotráfico, como soldados y microtraficantes; y el empleo informal, con sobreexplotación y bajos salarios entre asalariados y asalariadas. En los sectores medios, el desempleo aumenta el endeudamiento, la pérdida de bienes patrimoniales, el subempleo informal —por ejemplo, ingenieros transformados en choferes de Uber, entre otros—, las enfermedades psíquicas y el consumo de drogas y alcohol. También se observa un aumento de delitos económicos, entre los más comunes robos y estafas comerciales.
A ese descontento económico y sus consecuencias sociales se suma la ineficiencia gubernamental para enfrentar y gestionar la seguridad pública. La derrota política que sufrió el gobierno al verse obligado a “modificar” el proyecto de reforma constitucional para implementar un 5° estado de excepción lo dejó desnudo en una materia central de su proyecto. La iniciativa cayó fulminada por el fuego cruzado de opositores y sectores oficialistas. La ciudadanía comprueba, una vez más, que el gobierno de Kast es inoperante e incapaz de resolver una problemática compleja y multifactorial. En este punto, el fracaso del gobierno es total, lo que explicaría el 60% de desaprobación ciudadana.
La movilización social del 1 de octubre, convocada por la CONFECH, estudiantes universitarios, diversas organizaciones de estudiantes secundarios, el Colegio de Profesores de Chile y la CONFUSAM, trabajadores de la salud primaria municipal, entre otros, reunió una multitudinaria y ruidosa marcha que copó las arterias principales de la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins. A pesar de contar con autorización, fue interrumpida en varios puntos por las fuerzas del orden público, con el consiguiente enfrentamiento con los grupos más radicales de la marcha, una escena repetida que no vale la pena referir por su inutilidad política. Tal vez lo más innovador fue la “contramanifestación” de un grupo pequeño de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile vinculados al movimiento Gremialista y Solidaridad, quienes con indumentaria roja —camisetas—, a las afueras de la casa central de la PUC, gritaban consignas contrarias a la manifestación. Ante su presencia, que constituía una violenta provocación política, debieron replegarse rápida y desesperadamente al interior de la casa de estudios, dada la contundente reacción de los y las manifestantes. Esta acción mereció referencias del Presidente, de autoridades políticas del país y de medios de comunicación, que exigieron condenar la violencia política. La escena es ampliamente explotada y conocida; las razones y motivaciones de la movilización política y social quedan en segundo o tercer plano.
Aunque la marcha era contra los “recortes” que el gobierno realizará en educación, salud y otras dimensiones, confirmados con la presentación del Presupuesto 2027, la movilización social no logró convocar a otros sectores, por ejemplo, a trabajadores de distintos sectores productivos, comercio, finanzas y minería, entre otros. Su ausencia permanente es otra escena habitual en este tipo de convocatoria. Difícilmente se podría convocar y proyectar en el futuro cercano una “huelga general”.
El 60% de desaprobación ciudadana que registra el gobierno es un indicador engañoso. No porque sea falso, sino porque su implicancia política es relativamente nula, de la misma manera que la movilización social: el impacto político de ambas sobre el desenvolvimiento del gobierno y del Parlamento es muy bajo. Los porcentajes de desaprobación de las encuestas no tienen fuerza política para bloquear o derrocar a un gobierno. La experiencia durante los gobiernos de Sebastián Piñera (2018-2022) y Gabriel Boric (2022-2026) así lo prueba. Solo la masiva movilización social, con conducción y dirección política unitaria, lo hace posible, como en Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia a comienzos del siglo XXI. Pero actualmente las movilizaciones impulsadas por los progresismos y las izquierdas son escuálidas y no constituyen la manifestación política de un contrapoder sólido y contundente.
El problema central que afecta a los progresismos y a las izquierdas en las actuales sociedades del capitalismo neoliberal es el avance incontenible de la extrema derecha. Ante él no existen actores políticos con poder estratégico ni proyectos alternativos que puedan frenar ese avance. Por esa razón, la extrema derecha arrasa. Aunque, curiosamente, sus bases electorales, en algunos casos, son frágiles o débiles. Solo la convergencia unitaria de esas minorías permite sus triunfos electorales y su mantención en el gobierno.
Por ello, el “no futuro” próximo estará cubierto por una densa nube negra.
La crisis de la civilización capitalista se verá profundizada por la acción devastadora del neoliberalismo de las derechas extremas: de libertarios y nacionalistas, de todo tipo y colores. En sus gobiernos, las funciones sociales y económicas del Estado serán eliminadas o reducidas a su mínima expresión; la desprotección social, económica, laboral y educativa de las clases trabajadoras será la norma ante la exigencia de los sectores empresariales de reducir los costos de la mano de obra; aumentará la destrucción del medio ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales en los países dominados por el imperio, entre otras formas de devastación capitalista a destajo y sin ningún límite, pues el poder del capital será o es total y lo administra la extrema derecha global.
El poder capitalista de la extrema derecha global se sostiene y estructura en el control de seis poderosos monopolios que le permiten desplegarse a nivel planetario y dominar espacios regionales distantes de su centro de operaciones. Estos monopolios son: (a) el monopolio de las armas de destrucción masiva, armas nucleares; (b) el monopolio sobre la extracción de recursos naturales —petróleo, cobre, litio, agua, tierras raras, entre otros—; (c) el control de los medios de comunicación y de información; (d) el control de los mercados financieros mundiales; (e) el monopolio tecnológico, que le permite construir, fabricar y diseñar máquinas e instrumentos altamente tecnificados para ejercer de mejor forma su dominio; y, por último, el más reciente, (f) el monopolio de la Inteligencia Artificial, la IA. Con sus diversas plataformas, todas producidas y controladas por grandes corporaciones localizadas en el Imperio, se generan “saberes” artificiales, manipulados y construidos de acuerdo con los intereses de quienes fabrican dichas plataformas. Los saberes tradicionales —académicos y populares— están siendo destruidos o reemplazados por la IA.
Los progresismos y las izquierdas no poseen ninguna injerencia sobre alguno de esos seis poderes monopólicos. En las recientes elecciones de Bolivia, Chile y Brasil, la acción del Imperio, Estados Unidos de Norteamérica bajo la conducción de Donald Trump, hizo que esos poderes actuaran sin ninguna contención; tres de ellos lo hicieron en favor de candidatos de la derecha y de la extrema derecha. Dos se hicieron presentes inmediatamente después de que asumieron los candidatos triunfadores en Bolivia y Chile, como ocurrirá si resulta electo Flavio Bolsonaro en Brasil en la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre próximo. El Escudo de las Américas es la expresión de ese poder global.
En Chile, la presencia del poder capitalista global no se explica solo por el actual gobierno ni por las intervenciones del embajador estadounidense Brandon Judd; su activa “presencia” tiene aproximadamente medio siglo. En todos los hitos políticos principales de la historia de Chile de los últimos 50 años, Estados Unidos ha tenido un rol central y fundamental: el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, 1973; la derrota del dictador en el plebiscito de 1988 y el ordenamiento político de la transición a la democracia, con el Consenso de Washington, 1989, entre otros. Estos tres hitos de la acción política de Estados Unidos en Chile ordenaron el proceso político iniciado en 1990 de consolidación y profundización de la sociedad neoliberal por parte de los gobiernos postautoritarios, 1990-2026. Por lo tanto, la actual complacencia del gobierno de Kast con el Imperio continúa una larga tradición histórica entre las derechas, la extrema derecha y la centroizquierda. Aunque el máximo referente histórico de la derecha, según algunos analistas, Diego Portales, haya advertido sobre la Doctrina Monroe de 1823, actualizada y revitalizada por Trump como “Donroe”. La adhesión del gobierno de Kast al Escudo de las Américas da cuenta de que no es un gobierno nacionalista ni defensor de la soberanía nacional como en la advertencia de Portales, sino un gobierno que pone al país al servicio de los poderes globales del Imperio.
El 30% de aprobación que posee el gobierno constituye un inestable y frágil “ruco” donde podría guarecerse de las inclemencias políticas y sociales durante los próximos tres años y medio que le restan, de la misma manera que el 30% hizo posible el gobierno de Gabriel Boric (2022-2026). Incluso ese porcentaje podría disminuir y el presidente J. A. Kast y el Partido Republicano seguirán gobernando y aplicando su infame proyecto antipopular de “recortes”, sin mayores problemas ni obstrucciones políticas y sociales. Tal vez la única preocupación será cómo su sector político pueda proyectarse para ganar la próxima elección presidencial.
Ante ese panorama, las izquierdas están en un laberinto político que, ciertamente, tiene salida, pero aún no dan con ella. Recorren los mismos caminos de siempre y obtienen resultados negativos. Saben cómo operan los poderes globales, pero no saben cómo enfrentarlos y combatirlos. Ven su acción, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Colombia, donde ganó el candidato del Imperio, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero; en Brasil, la resistencia a dicha acción por parte de los sectores progresistas y de izquierda fue escasa, débil o nula. Se espera que se haga algo efectivo de aquí al 25 de octubre para impedir que gane la segunda vuelta la extrema derecha brasileña.
Las segundas vueltas fueron establecidas en la mayoría de las democracias transitivas latinoamericanas, de acuerdo con recomendaciones y lineamientos de la Teoría de la Transición a la Democracia, elaborada y diseñada por el saber académico estadounidense, con el objeto de (1) evitar que las izquierdas ganaran torneos presidenciales con bajas votaciones, en competencias electorales con dos o más competidores; (2) dotar de gobernabilidad a las nuevas democracias; (3) generar gobiernos con mayoría política; y (4) establecer una relación de equilibrio, equitativa y de cooperación entre los poderes legislativo y ejecutivo. Estas condiciones fueron efectivas, fundamentalmente, en los primeros años de la democracia postautoritaria.
Sin embargo, cuando el sistema político se abrió a través del fin del sistema binominal y del sistema proporcional, la democracia electoral se volvió más competitiva, pero al mismo tiempo fragmentada al multiplicarse los partidos políticos, generando un mayor número de candidatos presidenciales y haciendo que las segundas vueltas presidenciales se realizaran entre candidatos con apoyos electorales que no sobrepasan el 30% del voto ciudadano. En las elecciones presidenciales de 2021 y 2025, los presidentes electos en segunda vuelta obtuvieron menos del 30% de los votos: Gabriel Boric, 25,83%, y José A. Kast, 23,93%, respectivamente. Estas adhesiones señalan que Boric gobernó durante cuatro años con el apoyo de su base electoral incondicional o dura, que le ayudó a concluir su gobierno, pero no a ganar la siguiente elección presidencial. La misma ruta podría seguir Kast y el Partido Republicano en los próximos años, refugiados en su “ruco” del 30% de apoyo ciudadano. Esto implica que las actuales democracias son gobernadas por minorías políticas y sociales y que, sobre todo, las mayorías ciudadanas no tienen ningún mecanismo político institucional para revertir dicha situación. Se requiere con urgencia una reforma política integral a la democracia.
De esa forma, el laberinto político se estrecha y, tal vez, el único camino que queda es esperar que la tensión política que se irá acumulando en su interior explote y destruya todo. Pero para que esa explosión destructiva sea útil se debe tener muy en claro qué se quiere construir en su reemplazo, sobre todo cómo se quiere construir el nuevo edificio institucional y quiénes serían las y los nuevos sujetos y actores que intervendrán en el proceso de levantar la nueva alternativa política, económica y social.
En este punto se entra en otro laberinto en donde están encerradas las izquierdas desde 1973 y 1990.
Con Información de elsiglo.cl
