La operadora histórica del Casino de Talca presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República acusando a la Superintendencia de Casinos y Juegos de permitir un aumento injustificado del 165% en la inversión de la operadora Dreams, sin realizar una evaluación adecuada de la viabilidad financiera del proyecto.
La empresa Casino de Juego Talca S.A. interpuso un recurso de reconsideración el 11 de agosto de 2026 ante la Contralora General Dorothy Pérez Gutiérrez, buscando revertir una decisión de abstención previa de la Contraloría. El recurso cuestiona que la Superintendencia de Casinos de Juego autorizara un incremento del 165% en el presupuesto de inversión de Sociedad de Ríos Claros S.A., vinculada al grupo Dreams, sin verificar el origen y suficiencia de los recursos financieros adicionales.
El conflicto se remonta al 4 de febrero de 2025, cuando la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recursos de ilegalidad presentados por Casino de Juegos de Talca, validando la adjudicación del permiso de operación efectuada en noviembre de 2023 a Ríos Claros. La operadora tradicional cuestionó el terreno propuesto por Dreams, argumentando que era una zona inundable y de uso restringido. Sin embargo, la Corte determinó que la Superintendencia había actuado bajo la norma vigente.
Jorge Luis Huguet, encargado de asuntos corporativos de Casino de Talca, declaró que la contienda técnica y ambiental no estaba cerrada, señalando que la resolución de la Corte ratificaba un proyecto rechazado por autoridades técnicas por aumentar riesgos de inundaciones. El abogado de la concesionaria histórica, Pablo Berwart Tudela, decidió llevar el caso a la Contraloría con argumentos financieros.
El 5 de agosto de 2026, la Contraloría emitió el Oficio N° 146546-2026 resolviéndose abstenerse de pronunciarse, argumentando que la materia se encontraba judicializada. Berwart interpuso un recurso de reconsideración argumentando que los litigios en tribunales perseguían anular resoluciones por causales de suelo o plazos, mientras que la denuncia ante Contraloría apunta exclusivamente a si la Superintendencia fiscalizó efectivamente la viabilidad del financiamiento.
El monto de inversión original del proyecto de Ríos Claros era de M$6.069.853. Sin embargo, el 23 de enero de 2025, mediante la Resolución Exenta N° 97, la Superintendencia autorizó una modificación donde el monto escaló hasta M$16.089.537, representando un incremento aproximado del 165%.
Mediante el Oficio Ordinario N° 1.559 del 26 de agosto de 2025, la Superintendencia reconoció formalmente que no realizó nueva evaluación sobre la fuente, origen o suficiencia de los nuevos recursos financieros comprometidos, argumentando que la normativa solo exigía adecuar la garantía mediante ajuste de la boleta.
Berwart planteó que esta confunde funciones fundamentales: la garantía de cumplimiento y el financiamiento son conceptos jurídicos y económicos distintos. La caución asegura las consecuencias de obligaciones, mientras que la acreditación de origen y suficiencia de financiamiento responde a una pregunta lógicamente anterior sobre si el operador cuenta con recursos ciertos, verificables y económicamente suficientes.
La denuncia señala un eventual doble estándar de la Superintendencia. En licitaciones de Chiloé y Coyhaique, rechazó estructuras financieras de Dreams sostenidas en simples cartas de intención. Sin embargo, en Talca, habría sido flexible al admitir una estructura respaldada en una futura emisión de bonos de Larraín Vial, cuya materialización también dependía de obtener el permiso de operación.
El Informe Final N° 600/2022 de la Contraloría emitido en marzo de 2025 constató severas debilidades en el proceso de revisión del origen y suficiencia de fondos de la Superintendencia, objetando tajantemente las cartas de intención bancarias como respaldo financiero válido, concluyendo que demostraban solo posibilidades de financiamiento y no certezas de capital.
Casino de Juegos Talca S.A. solicitó formalmente a la Contralora General ordenar a la Superintendencia abstenerse de expedir el certificado habilitante para el inicio de operaciones del nuevo casino mientras no se ejecute una auditoría financiera exhaustiva sobre la totalidad del proyecto modificado.
El escrito concluyó argumentando que esta medida no busca boicotear de manera permanente el funcionamiento de la plaza, sino resguardar la legalidad de un negocio que operará por 15 años. Se solicita impedir que se habilite para operar un proyecto respecto del cual la propia autoridad reguladora ha reconocido que más de M$10.000.000 de inversión adicional nunca fueron sometidos a evaluación sobre origen y suficiencia de financiamiento.
La decisión ahora depende de la Contralora General Dorothy Pérez, quien deberá resolver si acoge los argumentos de la operadora histórica de Talca y congela preventivamente la apertura de Ríos Claros, o permite que el proyecto continúe bajo sospecha de un vacío de fiscalización sectorial.
Con Información de desenfoque.cl
