Andrés Meza A. Ingeniero Forestal. Observatorio Agroambiental del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz. 16/10/2026.
La propuesta de Presupuesto 2027 para el Ministerio de Agricultura alcanza los $888 mil millones. En términos reales, esto implica una caída del 0,5% respecto de la base de $892 mil millones que la Dirección de Presupuestos (DIPRES) considera para 2026, y del 3,2% frente a la Ley de Presupuestos aprobada para ese año, actualizada a pesos de 2027 ($917 mil millones) [1][2][5][6]. Más allá del monto global, resulta relevante examinar cómo se reparten los recursos y qué capacidades públicas se fortalecen o se debilitan, para dimensionar su posible impacto en la agricultura y el desarrollo rural del país.
En INDAP, el presupuesto disminuye a $349 mil millones, lo que representa una reducción real del 13,0% respecto de la base DIPRES y del 15,2% frente a la ley de 2026 (18,3% si se considera la inflación y 19,3% menos respecto del aporte fiscal directo). Los recortes más severos se registran en los programas de Desarrollo Territorial Indígena y Desarrollo de Acción Local, cuyos recursos caen un 66,4% y un 57,8%, respectivamente. En conjunto, la reducción se aproxima a los $40 mil millones. De las ocho líneas que desaparecen del proyecto presupuestario del MINAGRI, siete corresponden a INDAP: entre ellas Emergencias, que disponía de cerca de $1,9 mil millones, PRODEMU, Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano y Alianzas Productivas. Además, el Programa de Transición a la Agricultura Sostenible pierde un 80,9% de su presupuesto [1][6].
La principal excepción a los recortes es el Programa de Desarrollo de Inversiones, cuyo presupuesto aumenta en $29 mil millones (+440,5%) [1][6]. No obstante, ante la eliminación de la línea de Emergencias, surge una pregunta especialmente contingente: ¿cómo responderá la institución frente a una catástrofe? Los recientes eventos climáticos —incluidos el aluvión en Las Condes y las inundaciones en varios barrios de Santiago en pleno mes de octubre— evidencian la importancia de contar con capacidades para prevenir daños y apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por estos eventos, cada vez más frecuentes. Esto es particularmente relevante para los pequeños productores y las comunidades rurales, cuyos medios de vida dependen de sus recursos productivos y de la asistencia técnica que reciban después de una emergencia.
En el SAG, el presupuesto crece un 8,7%, aunque ese aumento no se traduce necesariamente en un fortalecimiento equivalente de todas sus funciones. El 92% del incremento proviene de mayores ingresos de operación, mientras que el aporte fiscal sube apenas un 3,9% [1][5][6]. El mayor aumento del gasto en personal se concentra en Inspecciones de Exportaciones Silvoagropecuarias (+7,9%, equivalente a $2,3 mil millones), y el presupuesto de ProChile se mantiene sin variación real [1][6]. En conjunto, estas cifras apuntan a priorizar la protección sanitaria y la fiscalización vinculadas al comercio exterior.
En CONAF, el presupuesto aumenta un 17,5% (16,1% respecto de la Ley de Presupuestos de 2026), pero buena parte de este crecimiento se concentra en el Programa de Manejo del Fuego. Sus recursos aumentan un 32,8% real, alcanzan los $179 mil millones y absorben el 68% del presupuesto institucional. Además, este programa recibe la única línea nueva de toda la Partida: Fortalecimiento de Recursos para Incendios Forestales, por $43 mil millones [1][2][6]. Hay que tener presente que la prevención no sustituye el combate del fuego, sino que lo complementa: permite reducir riesgos, preparar mejor a las comunidades y proteger vidas, ecosistemas y actividades productivas.
La Gestión Forestal y Restauración, que representa el 11% del presupuesto de CONAF, registra una caída del 13,5% real, que llega al 19,2% si se compara con la Ley de Presupuestos de 2026 [1][2][6]. Sin embargo, los recursos destinados a los bosques nativos en el marco de la Ley 20.283 se reducen a la mitad y los fondos de investigación quedan en $0 para 2027, manteniéndose únicamente las iniciativas en curso [1][6]. La reducción resulta especialmente preocupante si se considera la magnitud de la población involucrada: según una evaluación de DIPRES, 177.359 pequeños propietarios poseen alrededor de 1,61 millones de hectáreas de bosque nativo, muchos de los cuales dependen de su manejo para el sustento familiar [7]. Debilitar los instrumentos de apoyo a los pequeños propietarios compromete las posibilidades de un manejo sostenible y puede agravar las dificultades para mantener sus actividades productivas y su permanencia en el territorio.
Las cifras revelan una compleja asimetría en las prioridades presupuestarias: mientras se refuerza la capacidad de respuesta frente a los incendios, se reducen los recursos para la gestión forestal y la restauración, fundamentales para recuperar ecosistemas, fortalecer su resiliencia y disminuir la vulnerabilidad, especialmente frente al cambio climático. Combatir los incendios es indispensable, pero reducir los recursos destinados a prevenir la degradación y recuperar los ecosistemas limita la capacidad de enfrentar sus causas y las consecuencias de los eventos catastróficos a largo plazo.
También hay recortes importantes en otros servicios del Ministerio. El fondo de fomento de la ciencia y la tecnología asociado a FIA disminuye un 36,5%, la transferencia al INIA cae un 27,3% [1][6] y el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego baja un 3,5% (7,7% frente a la ley de 2026) [1][2][6]. Son áreas clave para la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica que necesita la agricultura para enfrentar desafíos productivos y climáticos.
Agricultura Familiar Campesina: ¿soberanía y seguridad alimentaria en riesgo?
La Agricultura Familiar Campesina (AFC) reúne unas 260.000 explotaciones, casi el 90% de las unidades productivas del país [4]. Su importancia no se limita al número de productores: también incide en la producción local de alimentos y en la capacidad del país para sostener la soberanía y la seguridad alimentaria. Sus desafíos son conocidos: producir a una escala limitada, acceder al agua y al financiamiento, incorporar tecnología, llegar a los mercados y adaptarse al cambio climático. El Estado interviene en estos ámbitos a través de INDAP, los instrumentos de riego y distintos programas de fomento. Son, precisamente, algunas de las áreas que el proyecto de Presupuesto 2027 debilita [1][6].
Los efectos de estos recortes pueden tardar en hacerse visibles. Con menos crédito, asistencia técnica o recursos para invertir, a muchos productores les resultará más difícil sostener su actividad. Preocupa especialmente el debilitamiento de líneas dirigidas a territorios y grupos específicos: el secano pierde $3,6 mil millones y las mujeres rurales, a través de PRODEMU, dejan de contar con $4,0 mil millones [1][6]. El impacto concreto dependerá de cómo se apliquen los recortes y de qué programas y beneficiarios resulten finalmente afectados.
Las consecuencias podrían ir más allá de quienes reciben directamente estos apoyos. Un país que depende de lo que produce su agricultura para alimentar a su población no puede descuidar a quienes la sostienen. Si se protegen las exportaciones, pero se debilita la capacidad de adaptación de una parte importante de la producción nacional, el sistema alimentario pierde diversidad y resiliencia, y el país queda más expuesto a sequías, brotes sanitarios o crisis internacionales. La sanidad agropecuaria y la producción local no compiten entre sí: ambas son necesarias para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. La protección sanitaria y el acceso a los mercados contribuirán mucho más a un desarrollo agrícola inclusivo si se acompañan de políticas que ayuden a los productores de menor escala a mejorar su productividad, adaptarse al cambio climático e integrarse a las cadenas de comercialización.
Exigencias para una discusión parlamentaria de cara a la ciudadanía
La discusión del Presupuesto 2027 debería servir para evaluar si la distribución de los recursos responde a una estrategia agrícola coherente, que resguarde la soberanía y la seguridad alimentaria, y si los resultados esperados justifican las prioridades del Ejecutivo. Para ello, hay al menos tres asuntos que deben aclararse:
a) Una comparación presupuestaria transparente. Es necesario presentar en conjunto la Ley de Presupuestos de 2026, el presupuesto ajustado durante ese año y la propuesta para 2027. Así se podrán distinguir las prioridades del gobierno anterior de las decisiones del actual. La diferencia entre la caída del 0,5% y la del 3,2% importa porque la base ajustada de DIPRES ya incorpora modificaciones presupuestarias realizadas por el actual gobierno durante 2026 [1][2][3][5][6].
b) El detalle de los recortes y del aumento de inversiones. El Ejecutivo debe precisar el impacto de reducir o eliminar programas como Desarrollo Territorial Indígena, Acción Local, Emergencias, PRODEMU, Secano y Transición a la Agricultura Sostenible: cuántas personas podrían verse afectadas, en qué regiones y qué metas estaban comprometidas. Del mismo modo, debe explicar por qué el Programa de Desarrollo de Inversiones aumenta $29 mil millones, quiénes recibirán esos recursos y qué resultados se esperan [1][6].
c) Una justificación estratégica y metas verificables. El Ministerio debe explicar qué objetivos mantendrá y cuáles reducirá o postergará en materia de productividad, adaptación climática, prevención de incendios, restauración y recuperación de territorios, y cómo se resguardará la seguridad alimentaria de la población. Esas decisiones deben ir acompañadas de indicadores de seguimiento, mecanismos de rendición de cuentas y espacios de participación para las organizaciones rurales.
Presupuesto agrícola 2027: ¿cuál sería el costo para el desarrollo rural?
La propuesta presupuestaria 2027 no reduce todos los ámbitos de la política agrícola por igual: concentra recursos en la protección de actividades comerciales y debilita varias líneas de fomento, apoyo a las familias y la sustentabilidad. Por un lado, se refuerzan la protección sanitaria vinculada a las exportaciones y la capacidad de combatir incendios forestales. Por otro, disminuyen los recursos destinados a la AFC, los productores indígenas, las mujeres rurales y diversos programas de fomento, innovación y restauración. Esto plantea una pregunta de fondo sobre la política agrícola del país: ¿privilegiar, ante todo, la protección de las capacidades productivas existentes y su inserción exportadora, o continuar fortaleciendo también las condiciones para un desarrollo rural más inclusivo, resiliente y sostenible?
Un país que protege su agricultura en la frontera, pero descuida las capacidades productivas y de adaptación de sus predios, queda más expuesto. Una sequía, un brote sanitario, una temporada de incendios especialmente grave o una crisis internacional pueden poner en riesgo la producción y los medios de vida rurales. Además, restituir un programa eliminado no basta con volver a financiarlo: pueden haberse debilitado los equipos técnicos, la confianza de las organizaciones y la presencia del Estado en el territorio. Reconstruir esas capacidades puede costar mucho más que mantenerlas.
El Congreso tiene un margen acotado para modificar el proyecto, pero sí puede exigir al Ejecutivo que explique de manera transparente sus prioridades y comprometa resultados verificables. La discusión debe aclarar qué programas son esenciales para la agricultura y el desarrollo rural, y qué consecuencias tendría debilitarlos. Resguardar la soberanía y la seguridad alimentaria no es un asunto que afecta solo a la agricultura: es una decisión estratégica de país, y el presupuesto es uno de sus instrumentos principales.
Fuentes y referencias bibliográficas
[1] Dirección de Presupuestos (DIPRES), Ministerio de Hacienda. Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027. Partida 13: Ministerio de Agricultura. Septiembre de 2026. Disponible en: https://www.camara.cl/legislacion/presupuesto/2027/13_Agricultura.pdf
[2] Dirección de Presupuestos (DIPRES), Ministerio de Hacienda. Ley de Presupuestos del Sector Público año 2026. Partida 13: Ministerio de Agricultura. Disponible en: https://www.dipres.gob.cl/597/articles-397210_doc_pdf.pdf
[3] Dirección de Presupuestos (DIPRES), Ministerio de Hacienda. Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2026. Consultar los cuadros relativos a la formulación del Presupuesto 2027 y la base presupuestaria de 2026. Disponible en: https://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-24862.html
[4] Contreras, Rodrigo; Layseca, Gabriel; Márquez, Julybeth. Principales resultados del programa AFC de ProChile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), noviembre de 2017. Disponible en: https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/articulos/principales-resultados-del-programa-afc-de-prochile-noviembre-de-2017
[5] Diario Financiero. Presupuesto del agro baja 0,5%: recortes a fomento compensan alza en el SAG. 6 de octubre de 2026. Disponible en: https://www.df.cl/empresas/actualidad/presupuesto-del-agro-baja-0-5-recortes-a-fomento-compensan-alza-en-el-sag
[6] PresupuestoKast.cl. Partida 13: Ministerio de Agricultura. Análisis de la propuesta presupuestaria 2027. Disponible en: https://presupuestokast.cl/partida/13/?abrir=05
[7] Dirección de Presupuestos (DIPRES), Ministerio de Hacienda. Evaluación Ex Ante de Diseño – Proceso de Formulación Presupuestaria 2026. Documento de evaluación del programa relativo al bosque nativo. Disponible en: https://www.dipres.gob.cl/597/articles-383562_doc_pdf.pdf
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