En el marco de la conmemoración del 53 aniversario del golpe de Estado que acabó con la vida del Presidente Salvador Allende, las organizaciones de derechos humanos Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), integradas en la Coordinadora Nacional, emitieron un comunicado a las afueras del Palacio de La Moneda en el que denunciaron un escenario crítico caracterizado por la instalación de una política de negacionismo y retrocesos institucionales bajo la administración gubernamental actual.
A través de una declaración pública respaldada por decenas de colectivos desde Iquique y Pisagua hasta Coyhaique, las organizaciones expresaron su preocupación por las medidas adoptadas desde marzo del presente año, calificando la agenda oficial como afín y cómplice del terrorismo de Estado.
Uno de los puntos más graves denunciados apunta a la discusión de posibles beneficios carcelarios e indultos dirigidos a agentes de la dictadura civil-militar condenados por secuestros, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. Las agrupaciones criticaron duramente que estas medidas sean analizadas por las máximas autoridades del país, considerándola una afrenta a la memoria de miles de víctimas del terrorismo estatal.
Las organizaciones denunciaron además la paralización del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, que fue retirado de la Contraloría General de la República por el propio Ejecutivo. Señalaron también una dilación deliberada en la tramitación del proyecto de ley destinado a consagrar de forma permanente la búsqueda de las 1.092 personas detenidas desaparecidas y 377 ejecutadas políticas cuyos restos aún no han sido encontrados.
Se denunció la suspensión del proceso de expropiación de Colonia Dignidad en la Región del Maule, así como la disolución de la Unidad de Búsqueda por Adopciones Ilegales, que rastreaba orígenes y familiares afectados por sustracciones e irregularidades en adopciones durante la dictadura.
Las organizaciones remarcaron que cada avance conseguido en materia de verdad no ha sido una concesión gratuita, sino el resultado de décadas de resistencia popular encabezada por madres, hermanas e hijos de las víctimas. Destacaron el contraste con la administración de Gabriel Boric, período en que fueron formalmente recibidas por un Jefe de Estado para comprometer la búsqueda activa con recursos públicos.
El malestar también se dirigió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, al que acusaron de no haber concedido audiencia a las agrupaciones en seis meses de gestión, ignorando reiteradas peticiones formales de reunión. Adicionalmente, advirtieron sobre intentos del Ejecutivo de estigmatizar y criminalizar a los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil a través de una reforma constitucional en materia de seguridad.
Las organizaciones enfatizaron que la deuda del Estado permanece abierta tanto para las víctimas de la dictadura iniciada en 1973 como para quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019. El comunicado concluye reafirmando el compromiso con la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, demostrando que frente al avance de la impunidad y el negacionismo, la memoria de Allende y de los caídos continúa vigente.
Con Información de elsiglo.cl
