Un análisis realizado por la Corporación Ciudades con datos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizados a julio de 2026 reveló que de las cinco comunas que integran la Provincia del Limarí, solo Combarbalá cuenta con un Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres (PCRRD) formalizado mediante Decreto Alcaldicio.
En un territorio históricamente afectado por quebradas cordilleranas, sequía severa, aislamiento vial por lluvias intensas y riesgos sísmicos, la prevención de catástrofes opera en condiciones frágiles. El 80% de los municipios del Limarí carece de este instrumento técnico y legal, obligatorio para diseñar mapas de evacuación, catastros de personas vulnerables o electrodependientes, obras de mitigación en cauces y sistemas de alerta temprana.
Combarbalá registra su plan debidamente formalizado con Decreto Alcaldicio otorgado en 2025, cumpliendo con los estándares exigidos por Senapred. En contraste, Ovalle, Monte Patria y Río Hurtado —comunas golpeadas recurrentemente por desborde de ríos, activación de quebradas secas y pérdida de conectividad rural— figuran bajo el estado de “Sin Revisión”, sin haber logrado validar un plan oficial. Punitaqui se encuentra en una situación aún más compleja, pues su borrador presentado como “Plan Nuevo” fue calificado por los organismos evaluadores como “Plan No Recomendado Técnicamente”.
La ausencia de un PCRRD no constituye una simple omisión administrativa. Afecta la capacidad de gestión de los municipios para justificar inversión pública en obras defensivas, actualizar el Plan Regulador Comunal o coordinar respuestas oportunas antes de que la emergencia se concrete.
El director ejecutivo de Corporación Ciudades, Martín Andrade, enfatizó la urgencia de que los gobiernos locales asuman la gestión preventiva como prioridad técnica inmediata. Señaló que “la gestión del riesgo tiene una dimensión eminentemente territorial. Cada comuna presenta amenazas, condiciones urbanas y vulnerabilidades distintas, por lo que disponer de estos instrumentos permite pasar de un diagnóstico general a acciones concretas de prevención y preparación acordes con la realidad local”.
Andrade recalcó que el verdadero valor de estos planes radica en la anticipación a la tragedia. “La reducción del riesgo no comienza cuando ocurre una emergencia. Comienza mucho antes, cuando las ciudades identifican dónde están sus vulnerabilidades, incorporan esa información en su planificación y toman decisiones para disminuir la exposición de las personas y de la infraestructura. Ese es el valor que tienen estos instrumentos para las comunas”.
A nivel regional, Coquimbo se ubica entre las zonas con mayor atraso del país, donde el 77% de las comunas del norte no posee plan. En la región, 11 comunas no tienen un plan formalizado y solo cuatro cumplen: La Serena, Coquimbo, Vicuña y Combarbalá. La falta de este instrumento deja expuestas a miles de familias que año a año enfrentan las inclemencias del clima y el aislamiento en los valles interiores.
La ausencia de un Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres formalizado expone a los municipios a severas trabas operativas, financieras y legales. En términos presupuestarios, la falta de este instrumento invalida o posterga la postulación de proyectos locales ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional, los Gobiernos Regionales o ministerios como Obras Públicas y Vivienda. Sin un diagnóstico técnico formalizado que certifique los puntos críticos del territorio, las iniciativas para construir defensas fluviales, colectores de aguas lluvias o encauzamientos pierden prioridad técnica.
A nivel de control administrativo, la carencia de esta norma local restringe el margen de acción de las municipalidades para justificar gastos en mitigación ante la Contraloría General de la República. Aunque ante una emergencia Senapred dispone de fondos de ayuda inmediata, la ejecución de recursos propios en obras previas de prevención corre el riesgo de ser objetada sin una carta de navegación validada por el Concejo Municipal y la autoridad edilicia. Esto se suma al choque directo con la planificación urbana, pues sin mapas de riesgo debidamente decretados se pueden continuar otorgando permisos de edificación en zonas expuestas a remociones en masa, inundaciones o derrumbes.
La falta del instrumento también debilita la capacidad de articulación con empresas privadas de servicios básicos y organismos de socorro. Sin el protocolo oficial que exige la ley, los municipios carecen de herramientas para fiscalizar la autonomía energética de antenas de telefonía o mantener un catastro actualizado de personas electrodependientes y adultos mayores en sectores aislados.
Bajo el marco de la Ley N° 21.364 que creó el Senapred, la omisión de este plan expone a las autoridades y funcionarios a eventuales acciones judicales por falta de servicio o negligencia administrativa si se registran daños a la vida o infraestructura en áreas de riesgo previamente conocidas. En la práctica, la comunidad queda subordinada a una respuesta puramente reactiva que obliga a destinar presupuestos a mitigar la catástrofe consumada en lugar de haber invertido en la prevención oportuna del territorio.
Con Información de ovallehoy.cl
