Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por ejercer su libertad de expresión. Muchas de estas detenciones están relacionadas con contenido compartido en redes sociales, según un informe de la organización Espacio Público.
Antes del fallo contra Orozco, se emitieron otras dos sentencias similares. La primera fue la de Marcos Palma, de 50 años, quien recibió una condena de 15 años de cárcel por un audio enviado a un grupo de WhatsApp donde manifestaba su descontento por no recibir la bombona de gas que había pagado e invitaba a sus vecinos a protestar.
Semanas después, Randal Telles, una estudiante de enfermería de 22 años de Barinas, también fue condenada a 15 años de prisión por un video de TikTok en el que criticaba a Maduro y a Cabello. Sin embargo, su familia argumenta que el video fue manipulado mediante inteligencia artificial y no fue grabado por Telles.
Estos casos ilustran por qué muchos ciudadanos optan por evitar discutir ciertos temas en plataformas digitales, o se ven obligados a borrar constantemente los historiales de sus dispositivos.
En 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reconoció que la controvertida ley contra el odio tenía “un carácter preventivo y disuasivo”.
«La libertad de expresión no es un derecho absoluto; tiene límites. Y en Venezuela existe una legislación que lo regula», advirtió un funcionario judicial que solicitó permanecer en el anonimato.
Sin sustento
La condena a la médica ha sido objeto de críticas tanto en el ámbito nacional como internacional.
«Este caso revela cómo la falta de independencia en el sistema judicial venezolano está profundamente arraigada y sigue siendo parte del aparato represivo del Estado«, declaró a BBC Mundo la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria De Mees.
De Mees subrayó que la Ley contra el Odio «restringe severamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y provoca un efecto inhibidor, incompatible con una sociedad democrática«. Añadió que la aplicación de dicha ley en estos casos evidencia un clima de miedo y autocensura que desalienta cualquier forma de disidencia, incluso fuera de Venezuela.
Juristas venezolanos han cuestionado la base legal de la sentencia contra la doctora Orozco.
«Para comprobar el delito de incitación al odio, el mensaje debe provocar una expresión de odio de una persona hacia otra. ¿A quién incitó ella? La doctora simplemente expresó su sufrimiento«, explicó a BBC Mundo el penalista Zair Mundaray.
El exdirector de Actuación Procesal de la Fiscalía también cuestionó la aplicación de los delitos de traición y conspiración.
«La conspiración implica intentar alterar la forma republicana, pero ¿qué acción concreta llevó a cabo la doctora para amenazar la democracia y las instituciones? Además, el delito de traición se refiere a unirse con potencias o enemigos extranjeros, y no se ha dado información de que ella haya hecho tal cosa«, agregó.
«Con este tipo de sentencias, el gobierno busca eliminar nuestro derecho a protestar», afirmó el hijo de la condenada, quien reiteró que su madre nunca ha estado involucrada en actividades políticas.
(Imagen: Cortesía Paul Ruiz)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
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