Dr. Luis Riveros
Decano de la Facultad de Economía, U.Central
El impuesto territorial, también conocido como contribuciones, se aplica sobre propiedades con un avalúo fiscal determinado. En la actualidad, se establece un umbral de aproximadamente $57 millones para su cobro. El objetivo de esta recaudación es financiar a las municipalidades, que reciben el monto de las contribuciones de forma directa o a través de un fondo nacional. Teóricamente, esto permite cubrir servicios que benefician directamente al ciudadano. Aunque la intención es clara, hay varios aspectos a considerar sobre este impuesto tanto en su sustancia como en su forma.
En primer lugar, es un impuesto al patrimonio, que grava el valor de un bien que ya ha sido objeto de impuestos. Esto sugiere que, al adquirir una casa, por ejemplo, el ciudadano no llega a ser completo propietario, ya que, a pesar de haber pagado todos los impuestos previamente, debe seguir enfrentando este tributo. De este modo, se están abonando impuestos sobre impuestos. En esencia, se está pagando una especie de “renta” al Estado, lo que pone en peligro la propiedad en caso de impago.
En segundo lugar, a pesar de las excepciones adoptadas con el tiempo, el monto de las contribuciones a menudo supera los ingresos reales de los propietarios. Son frecuentes las quejas de que la presión recaudatoria, muchas veces ejercida de manera amenazante, puede llevar a la expropiación de bienes, dejando al propietario en una situación de vulnerabilidad. Algunos argumentan que esto es aceptable porque los propietarios suelen ser considerados “gente rica” que no paga el impuesto por capricho. Sin embargo, en muchos casos se trata de jubilados que enfrentan dificultades económicas para cubrir las contribuciones.
En tercer lugar, el Estado ha recurrido a aumentar el avalúo o valor referencial para obtener mayores ingresos por concepto de contribuciones, un proceso que carece de reglas claras y se basa en gran medida en la arbitrariedad, generalmente justificada por la necesidad de más recursos fiscales.
No se puede negar que las municipalidades requieren recursos para cumplir su función. La discusión actual debería centrarse en que los municipios obtengan su financiamiento a partir del fondo general de recaudaciones del Estado y de la recuperación de costos por servicios prestados. Esto podría mejorar la eficiencia, ya que muchas veces se cuestiona por qué, a pesar de recibir ingresos significativos, las tareas como la prevención del delito, el mantenimiento de calles y la atención de áreas verdes resultan insatisfactorias para la ciudadanía. Más allá de ello, el país necesita una reestructuración de su gasto público y un diseño más efectivo de sus políticas tributarias. Este tema, que se había acordado abordar mediante un pacto fiscal, se ha postergado, lo que ha llevado a la habitual medida de aumentar impuestos para financiar el gasto público.
Existen numerosos indicios de un mal uso de los recursos públicos. Mientras tanto, jubilados no pueden hacer frente a las contribuciones y son catalogados como “ricos”. Es momento de iniciar un debate que busque una solución justa y eficiente, enfocándose en la reestructuración del financiamiento municipal.
El artículo Un debate necesario fue publicado en Osorno en la Red.
Con Información de osornoenlared.cl