La suspensión del proceso para incluir nuevas patologías en la Ley Ricarte Soto ha desatado nuevamente la preocupación de pacientes y organizaciones, quienes advierten sobre la falta de avances en una política pública esencial para el acceso a tratamientos costosos.
La Ley Ricarte Soto, que opera desde 2015, fue creada para financiar tratamientos para enfermedades complejas a través de un fondo anual de $100 mil millones. A lo largo de los años, la cobertura ha crecido, abarcando 27 patologías, incluidas diversas formas de cáncer no contempladas por el AUGE/GES, enfermedades inmunológicas y condiciones raras. Sin embargo, desde 2021 no se han añadido nuevas patologías, dejando a muchos pacientes a la espera de un nuevo decreto que expanda la lista de cobertura.
Estas esperanzas se han visto nuevamente frustradas luego de que el Ministerio de Salud confirmara la suspendida evaluación de nuevas tecnologías sanitarias, quedando a la espera de un informe financiero por parte del Ministerio de Hacienda.
“La suspensión de la evaluación, en espera de un informe financiero que no se ha proporcionado, condena a miles de familias a vivir en la incertidumbre. El Estado no puede seguir evadiendo su responsabilidad, porque las enfermedades no esperan, no hacen pausa y no comprenden de cambios de gobierno”, advirtió el senador Juan Luis Castro (PS) en un comunicado junto a grupos de pacientes.
El ministerio ya había indicado en septiembre que la inclusión de nuevas patologías enfrenta dificultades presupuestarias. Tanto especialistas como organizaciones han manifestado su preocupación por el impacto que esta demora tiene en quienes dependen de estos tratamientos.
Durante la primera etapa para elaborar un nuevo decreto, el año pasado, se recibieron 9.580 solicitudes de diagnósticos y tratamientos de alto costo para su evaluación. Entre ellas se encontraban tratamientos para el mal de Crohn, hipercolesterolemia familiar, mielodisplasia, linfoma cutáneo y atrofia muscular espinal.
“Esta ley fue creada para ayudar a las personas con enfermedades de alto costo, incluidas las poco frecuentes. No es la solución definitiva, eso lo entendemos, pero al menos ofrece una oportunidad para que algunos encuentren un espacio donde su tratamiento sea considerado. El problema surge cuando las decisiones se retrasan y no se responden de manera oportuna, convirtiendo esa oportunidad en un impedimento”, señaló Jessica Cubillos, presidenta de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, a diario La Tercera.
Además, en junio de 2025, el Ministerio de Salud presentó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para modificar la norma y aumentar los recursos del fondo. Aunque la iniciativa fue aprobada en términos generales, su progreso ha sido escaso.
La economista especializada en salud, Daniela Sugg, explicó que el mayor obstáculo para ampliar la cobertura radica en el financiamiento. “Las proyecciones ya indican que el gasto sobrepasará lo que el fondo puede cubrir a largo plazo. Por lo tanto, si no se ajusta la cobertura actual —lo que no implica suprimir prestaciones—, hay que examinar si hay tratamientos que han dejado de ser de alto costo y que podrían ser cubiertos por otro sistema, el problema persistirá”, afirmó.
En este contexto, añadió que “no se puede seguir cargando a la Ley Ricarte Soto con nuevas tecnologías y problemas de salud, si lo garantizado actualmente no puede ser atendido con los recursos disponibles en el fondo”.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
