Seremi de Vivienda pone en duda la rigurosidad del informe que señala fallas estructurales en la reconstrucción de Viña del Mar y Quilpué.

Un informe del Instituto Libertad ha criticado duramente el proceso de reconstrucción posterior al megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, señalando la lenta ejecución de recursos y soluciones habitacionales para las miles de familias afectadas, a punto de cumplirse dos años desde la tragedia.

De acuerdo con el informe, a agosto de 2025 –18 meses tras el desastre– el Fondo de Emergencia Transitorio (FET) solo había ejecutado el 14,6% de sus recursos ($8.340 millones de $57.033 millones). La reconstrucción presenta un atraso significativo, con un bajo avance en subsidios habitacionales y obras de entorno, lo que refleja una falta de prioridad y gestión efectiva por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El informe también resalta que la reconstrucción enfrenta rezagos importantes en soluciones habitacionales permanentes y obras de entorno, afectando especialmente a las familias damnificadas. Sin embargo, reconoce que el FET, administrado principalmente por el Serviu, mejoró su ejecución de un 14,6% en junio de 2025 a un notable avance hacia finales de noviembre, lo que muestra una tardía aceleración del gasto, concentrada en la segunda mitad del año.

En términos de la ejecución presupuestaria total del FET, se indica que a noviembre de 2025 el presupuesto vigente era de $57.134 millones y se habían ejecutado $29.844 millones, lo que representa un 52,2%. El informe advierte que «este nivel de ejecución marca un cambio respecto al estancamiento observado durante 2024 y el primer semestre de 2025, cuando más del 85% de los recursos estaban sin utilizar». Sin embargo, este dato debe interpretarse con cautela, ya que la aceleración llegó tarde, dejando a muchas familias atravesar dos inviernos sin soluciones definitivas, lo que afecta el impacto social del gasto.

Respecto a la composición del FET, se identifican dos áreas principales: la primera son las iniciativas de inversión directa (Subtítulo 31), que tienen un presupuesto vigente de $13.289 millones y una ejecución a noviembre de $8.057 millones, equivalente a entre un 60% y 65%.

El informe indica que «este componente presenta el mejor desempeño relativo, con múltiples proyectos urbanos y de pavimentación en fases avanzadas de ejecución, especialmente en Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué». Según el catastro de inversión pública, la región concentra el 100% del FET en inversión, con una ejecución efectiva del 64,8%, destacando obras como el mejoramiento del Paseo Los Héroes (77,8%), plaza Los Pasionistas (75,8%) y Vialidad Manuel Bustos (76,1%).

Por el contrario, las transferencias de capital para subsidios habitacionales (Subtítulo 33) representan el mayor volumen del fondo, con un presupuesto vigente de $43.382 millones y una ejecución de $21.502 millones (49,6%). El economista advierte que «aquí se concentran los principales cuellos de botella sociales, a pesar del aumento en la ejecución», con una notable disparidad entre programas.

En dicho desglose, el Sistema Integrado de Subsidios ha ejecutado $8.842 millones de $10.085 millones (cerca del 88%), mientras que el Fondo Solidario de Elección de Vivienda solo llega al 40%, con $12.623 millones ejecutados de $31.425 millones. El Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios muestra el mayor rezago, con $37 millones ejecutados de $1.872 millones (2%).

«El crecimiento total oculta una ejecución muy desiguala. Los subsidios más simples avanzan, mientras que las soluciones definitivas y el mejoramiento de barrios permanecen rezagados, afectando directamente la calidad de vida diaria», concluye el estudio.

En la comparación temporal del FET, se observa un avance tardío. Al cierre de 2024, la ejecución era de apenas cerca del 5%, cifra que subió a 14,6% en junio de 2025 y alcanzó el 52,2% en noviembre del mismo año, evidenciando que el gasto se concentró en la segunda mitad del período analizado. Según el estudio, «el patrón es claro: la reconstrucción no fue prioritaria en los primeros 18 meses, y solo se aceleró cuando el rezago se tornó políticamente insostenible».

En la evaluación de la gestión pública, el informe del Instituto Libertad plantea que, aunque el Gobierno puede mostrar cifras de ejecución superiores a las de mediados de 2025, esto no lo exime de responsabilidad por la demora estructural en el proceso de reconstrucción.

En ese sentido, se identifican fallas de oportunidad, ya que la ejecución llegó tarde para miles de familias que enfrentaron largos períodos de precariedad; un déficit de liderazgo y coordinación, al no activarse instrumentos disponibles con urgencia; y una reconstrucción asimétrica, donde el avance ha sido más rápido en obras visibles que en soluciones habitacionales definitivas.

Bajo este diagnóstico, el estudio concluye que «la promesa de una ‘reconstrucción con dignidad’ se cumple parcialmente en cifras, pero llega tarde en cuanto a su impacto social. La aceleración del gasto en el último tramo del período no compensa la desconfianza, el bienestar y la cohesión social perdidos», señalando que el rezago inicial sigue afectando profundamente la vida cotidiana de las familias damnificadas.

Finalmente, el informe concluye que la trayectoria de ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio «revela deficiencias estructurales en la gestión del proceso de reconstrucción por parte del Minvu», sosteniendo que la aceleración en el segundo semestre de 2025 «no logra compensar los efectos sociales acumulados por más de un año de lentitud, improvisación y falta de dirección estratégica».

Desde una perspectiva de política pública, se destaca que el déficit principal no fue financiero, sino institucional. Señalan que «el Minvu tuvo desde el inicio recursos extraordinarios, herramientas legales especiales y respaldo político, pero no logró articular una respuesta oportuna ni priorizar la reconstrucción como una tarea del Estado», añadiendo que la burocracia excesiva, la fragmentación de responsabilidades y la falta de metas exigibles de ejecución, «resultaron en un proceso errático, donde el gasto se activó solo cuando el rezago se volvió insostenible».

Al evaluar el diseño de la política implementada, el informe afirma que la principal falla consistió en que «se aplicaron criterios y requisitos de postulación habituales al subsidio habitacional, que no se adaptan a la lógica de reposición de viviendas tras una catástrofe», lo que profundizó las demoras y dificultades para las familias afectadas.

La Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso respondió al informe del Instituto Libertad sobre el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024, cuestionando sus conclusiones y poniendo en tela de juicio su carácter técnico.

La seremi Belén Paredes expresó su preocupación por la falta de rigor del informe, indicando que «más que un análisis técnico, parece una opinión política en torno a un proceso altamente complejo, empleando conceptos valorativos que son más adecuados para el debate público que para un análisis técnico o científico».

La autoridad regional también señaló que el estudio presenta debilidades metodológicas significativas, lo que resulta especialmente problemático cuando se trata de temas normativos y jurídicos sin exponer sus fundamentos, citando la crítica a las inhabilidades para acceder a subsidios habitacionales. Aclaró que estas restricciones son producto de un marco legal vigente y no de decisiones arbitrarias.

En defensa de la gestión del Minvu, la seremi destacó que la magnitud de la catástrofe necesaria marcó cambios normativos excepcionales, incluyendo ajustes legales, decretos supremos y resoluciones especiales, todo dentro de los márgenes del Estado de Derecho. «Por ello, el aumento de los números no es mera coyuntura política, sino el resultado de un escenario que permitió ese crecimiento», puntualizó Paredes, subrayando el incremento sostenido en la entrega de subsidios y en la ejecución de viviendas durante 2025 y principios de 2026.

Por último, en relación con el análisis presupuestario del FET, afirmó que el informe contiene errores conceptuales al confundir diferentes etapas de la ejecución del gasto público. Según sus palabras, «se entremezclan las nociones de compromiso, gasto e inversión efectiva, conduciendo a conclusiones erróneas», resaltando que la entrega de subsidios no garantiza la construcción inmediata de viviendas y que los plazos observados son congruentes con reconstrucciones anteriores. De esta manera, concluyó que el documento «puede considerarse una opinión legítima en el debate público, pero no un informe técnico riguroso», aunque reconoció que «compartimos la necesidad de avanzar hacia una nueva institucionalidad para la reconstrucción».

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