La liberación de un sicario por parte de la justicia ha generado una ola de preocupación en la ciudadanía.
El 10 de julio, Osmar Ferrer, acusado de un homicidio por encargo junto a otros dos compinches, fue liberado tras ser formalizado por la jueza Irene Rodríguez, quien en la audiencia había dictado prisión preventiva.
Esta excarcelación, tras el asesinato de José Reyes, levantó las alarmas.
Como mencionan desde Familias Contra el Crimen Organizado, “fue liberado a menos de 24 horas de ser formalizado por homicidio, gracias a que Gendarmería recibió una orden de liberación supuestamente oficial. Al principio se comentó la posibilidad de falsificación, ya que el documento no tenía código de barras ni QR para su verificación. Sin embargo, el Gobierno confirmó este martes que el documento es auténtico y que la orden provino del Juzgado de Garantía de Santiago a través de los canales regulares”.
“Esto demuestra que el sistema judicial está profundamente vulnerado y corrupto. ¿Cómo es posible que alguien formalizado por asesinato quede libre con una orden sin los mínimos resguardos? Pedimos explicaciones urgentes. Esto no solo afecta a la justicia, sino que también pone en peligro la vida de nuestras familias”, declaró Karen Osorio, vocera de la agrupación.
Lo ocurrido refleja un problema más grande: el crecimiento del crimen organizado, que no solo azota las calles, sino que también se infiltra en el Estado.
“Esta semana hemos visto investigaciones sobre corrupción en las Fuerzas Armadas, lo que incluye el hallazgo de drogas en un recinto militar en Colchane y la detención de funcionarios de la FACH por narcotráfico. Ahora, se suma una decisión judicial inexplicable que libera a un presunto homicida. Desde nuestra agrupación, que compuesta por familias, madres y vecinos que han sufrido la violencia del narcotráfico, hacemos un llamado directo: no podemos permitir que el crimen organizado opere con esta impunidad”, agregó Osorio.
Ante esta situación
El ministro de Seguridad Pública Luis Cordero, aunque reconoció que se descartó un hackeo y que esto afecta la confianza en el sistema de justicia, la calificó de “inexplicable”.
Por su parte, la jueza Rodríguez expresó que está tranquila frente a las acusaciones, argumentando que se trató de un error ajeno a su control. Por eso, entregó su celular, al igual que otros funcionarios del tribunal, para que se someta a peritaje. Dijo que sería “inconsecuente” de su parte haber ordenado la liberación.
La diputada Lorena Fries (FA), que forma parte de la comisión de seguridad, indicó que no está a favor de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
“Lo que ha pasado con el sicario me parece gravísimo, porque muestra al menos un grado de laxitud en las instituciones que no concuerda con los riesgos actuales de corrupción y crimen organizado. Esto debe resolverse con total transparencia, ya que también pone en jaque instituciones cruciales para combatir estos problemas. Espero que sean solo errores, y si hay otros aspectos involucrados, debemos llegar hasta el final”, comentó.
“Sobre convocar al COSENA, no tiene mucho sentido. La corrupción y el crimen organizado son asuntos que deben ser tratados con el Ejecutivo, como el Ministerio de Seguridad y el sistema de justicia, incluyendo al Ministerio Público y los tribunales. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que la Cámara, teniendo este nivel de desprestigio, convoque al COSENA”, agregó.
Por otro lado
Desde la UDI, no descartan la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Gajardo, a pesar de que ya se ha emitido una orden de investigación por parte del Ministerio Público y se solicitó a Gendarmería verificar la autenticidad del documento, ya que este resulta ser genuino y por lo tanto las acciones tardan.
José Miguel Castro (RN), presidente de la Cámara de Diputados después de las propuestas de convocar al Cosena, expresó: “Valoramos que diversos sectores políticos se sumen a la petición de convocar al Cosena por la gravedad de los sucesos recientes: narcotráfico infiltrado en instituciones del Estado y la liberación de un sicario vinculado al Tren de Aragua. Esperamos que el Gobierno actúe con urgencia y convoque a la brevedad al Consejo de Seguridad Nacional. La ciudadanía espera respuestas claras y medidas concretas ante una amenaza que ya no es solo delictual, sino también institucional”.
Finalmente, a la espera de respuestas y medidas
Desde Familias Contra el Crimen Organizado acusan: “Es aún más grave que el documento no sea falso: liberaron al acusado del asesinato de Reyes Ossa por canales oficiales. ¿Y quién responde ahora? La justicia se está desmoronando desde adentro”.
Además, exigen de manera inmediata:
- Que el Poder Judicial y el Ministerio Público aclaren con total transparencia por qué se emitió la orden de liberación.
- Que se revisen todos los protocolos de validación de órdenes judiciales, incorporando trazabilidad digital obligatoria.
- Además, que se investigue a fondo si hubo dolo, error humano o corrupción encubierta en este proceso.
- Que se proteja la integridad del proceso penal y de las víctimas.
- Que se implementen con urgencia las medidas de digitalización del Estado, tal como se prevé en la ley.
Con Información de portalmetropolitano.cl
