La fiscalización de la Seremi de Salud pilló fallas en el tratamiento de aguas servidas y presencia de residuos en el estero de Chacabuco.
El anuncio del presidente Gabriel Boric el pasado 3 de noviembre, sobre integrar Punta Peuco al sistema penitenciario normal tras la toma de razón del decreto respectivo, sacudió a Til Til.
La posibilidad de que el penal reciba a nuevos tipos de reclusos y que aumente su capacidad generó preocupación en autoridades y vecinos, que argumentan que la comuna no está preparada ni cuenta con los servicios necesarios para enfrentar esa situación.
La tensión volvió a aumentar el 14 de noviembre, cuando entró el primer reo común al penal, iniciando así el proceso de reconversión y anticipando la llegada de otros 32 internos. Ese mismo día se registraron protestas en la Ruta 5 Norte con barricadas e interrupciones de tránsito para rechazar la medida.
Fiscalización por contaminación abre un nuevo frente
En medio de todo esto, la Municipalidad de Til Til presentó una denuncia por contaminación en el estero de Chacabuco debido a posibles vertidos de aguas servidas del penal Punta Peuco, lo que generó una inspección sanitaria.
Durante la visita, la Seremi de Salud detectó problemas en el mantenimiento de la Planta Elevadora de Aguas Servidas, residuos sólidos en el efluente final, niveles de cloro por debajo de lo permitido y que estaba funcionando sin resolución sanitaria vigente. También se constató acumulación de líquidos y zonas de agua estancada en el estero, lo que intensifica la preocupación ambiental de los vecinos.
Foto: Cedida a Chicureo Hoy
El director de Obras Municipales de Til Til, Alejandro Lara Gori, comentó: “Hicimos denuncias a la Seremi de Salud, la Dirección General de Aguas y la Brigada de Delitos Medioambientales, porque detectamos vertidos de aguas servidas en un estero seco, lo que es un delito ambiental”.
A raíz de estos hallazgos, el municipio solicitó a Contraloría un pronunciamiento para saber si la Dirección de Obras Municipales tiene la facultad de declarar la inhabilidad del recinto en caso de incumplimientos graves de normativas sanitarias y urbanísticas. El caso fue enviado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene diez días hábiles para emitir un informe jurídico.
En ese mismo sentido, Lara agregó: “Hay un plazo para que el Ministerio de Justicia entregue la documentación que respalde las autorizaciones y permisos vigentes del recinto. Seguiremos fiscalizando y presentando antecedentes cuando sea necesario”.
Foto: Cedida a Chicureo Hoy
Mientras se llevan a cabo los procedimientos administrativos, el futuro del penal se convierte en un elemento adicional de tensión para la comuna.
Las autoridades locales han reiterado que esperan que los organismos correspondientes actúen rápido, para que no solo se aclaren las responsabilidades, sino que también se garantice la protección ambiental y sanitaria del territorio.
Con Información de www.chicureohoy.cl