Dr. Pablo Contreras
Director del Doctorado en Derecho, U. Central
Nos encontramos a las puertas de un nuevo ciclo electoral, en el cual partidos y candidatos llevarán a cabo diversas actividades de difusión y marketing. Esta podría ser la última campaña en la que los políticos tengan libertad total para el envío de spam.
Con la nueva ley de protección de datos personales, que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2026, cualquier campaña de marketing político deberá demostrar que cuenta con una base legal para enviar correos electrónicos o mensajes de texto, y deberán reflejarlo adecuadamente en sus políticas de privacidad.
No cumplir con estas obligaciones puede resultar en multas significativas. Por ejemplo, no obtener el consentimiento del titular para el marketing directo u omitir la evaluación de un interés legítimo puede ser considerado una infracción grave, sancionable con multas de hasta 10,000 UTM (alrededor de $686 millones de pesos).
Las nuevas normativas no permiten excepciones y las organizaciones políticas no podrán solicitar un régimen especial. Esperemos que las prácticas de cumplimiento en materia de protección de datos comiencen a integrarse en las campañas y que marquen un nuevo estilo en la forma de hacer política.
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Con Información de osornoenlared.cl
