Claro, aquí está una versión más chilena del contenido:
La ley que se está revisando contempla exámenes anuales para alcaldes y concejales, y si dan positivo podrían perder su cargo.
La agenda legislativa que propone el test de drogas obligatorio para autoridades sigue avanzando en el Congreso y busca que, a partir de 2026, distintas autoridades del país se sometan a controles periódicos.
Uno de los puntos clave es la Ley de Seguridad Municipal, que ahora está en revisión en el Tribunal Constitucional y que incluye una indicación que obliga a alcaldes y concejales a hacerse estos exámenes.
Esta norma, impulsada por la senadora Yasna Provoste, establece que los alcaldes deben someterse al menos una vez al año a un examen de consumo de drogas ilícitas.
Si alguien da positivo y no tiene un tratamiento médico debidamente acreditado, podría ser motivo para cesar en su cargo. Esta medida también aplicaría para concejales, inspectores y directores de seguridad municipal.
Si se aprueba, sería la primera regulación legal permanente que obliga a las autoridades comunales a someterse a este tipo de controles, dejando atrás iniciativas anteriores que eran solo transitorias o limitadas a ajustes normativos.
Proyectos en proceso y presión al Senado
Mientras tanto, en el Congreso se están tramitando otras propuestas que buscan extender esta obligación a parlamentarios y al Presidente de la República.
Los proyectos más avanzados son los que han fusionado las diputadas Paula Labra, Pamela Jiles y Yovana Ahumada, que ya fueron aprobados por la Cámara y están en la Comisión de Gobierno del Senado, liderada por Paulina Vodanovic.
La falta de avance llevó a la diputada Labra a solicitar que se priorice su discusión, advirtiendo que iniciativas paralelas podrían retrasar un acuerdo común. Entre ellas está el proyecto del senador Esteban Velásquez, además de otras propuestas de Ximena Rincón, Luz Ebensperger, Sergio Gahona y Francisco Chahuán.
Todas las iniciativas tienen un objetivo claro: prevenir la infiltración del narcotráfico en la política mediante controles obligatorios y periódicos a quienes ocupan cargos públicos, reforzando así los estándares de probidad y confianza institucional.
Con Información de www.chicureohoy.cl
