El Partido Comunista (PC) ha solicitado la remoción de la fiscal Giovanna Herrera del caso de Farmacias Populares, tras las declaraciones del exsecretario ejecutivo de Achifarp, Matías Muñoz, quien denunció presiones de la Fiscalía para que hiciera declaraciones falsas en contra del exalcalde Daniel Jadue.
En una entrevista con radio Biobío, Muñoz reveló que la fiscal le “ofreció que, si mentía, podría salir en libertad”. Añadió que se le instó a afirmar que se había apropiado de los fondos del autopréstamo y que se los había entregado a Jadue, algo que él niega rotundamente.
A raíz de esta situación, el PC emitió un comunicado en el que afirma que “hoy queda claro que la intención de la Fiscalía siempre ha sido dañar la reputación personal y política de Jadue, perjudicando su imagen pública y el proyecto político antineoliberal que se desarrollaba en Recoleta”.
“La persecución penal, arbitraria e ilegal, tenía como objetivo socavar su posición política, más que buscar una condena penal. La Fiscalía logró mantener al alcalde Jadue privado de libertad el tiempo suficiente para que perdiera su cargo, continuando hasta el día de hoy con las medidas de arresto domiciliario y la incautación de sus bienes”, añadieron.
Asimismo, el partido aseguró que la declaración de Muñoz “demuestra la falta de objetividad e imparcialidad de la fiscal Giovanna Herrera Andreucci, quien lo presionó para emitir declaraciones falsas que inculparan a Daniel Jadue. Se le ofreció liberarlo de la prisión preventiva en la que estaba desde hacía más de 100 días, si declaraba que estuvo presente en la supuesta reunión donde se habría planeado el cohecho”.
Por lo tanto, el PC instó al Ministerio Público a apartar a la fiscal Herrera, y destacó que “ella está en calidad de querellada por prevaricación, debido a estos antecedentes y el evidente conflicto de intereses por su parentesco con alguien que ha trabajado en un proyecto similar a Farmacias Populares, pero financiado por grandes empresas, como Farmacias SQM Fracción”.
Además, enfatizaron que lucharán por “garantizar la transparencia en la persecución penal y por que el sistema penal chileno respete los estándares de objetividad, imparcialidad e independencia de las instituciones de justicia, especialmente del Ministerio Público. En conclusión, exigen el respeto absoluto al Estado de Derecho Democrático”.
“Dada la serie de hechos que actualmente involucran a las fiscalías, la suma de esta denuncia es de máxima gravedad y requiere medidas acordes con la seriedad de las acusaciones”, concluye el comunicado.
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