El informe presentado este jueves triplica la cifra actual y propone una reforma a fondo en los criterios utilizados.
La Comisión para la Actualización de la Medición de la Pobreza entregó este jueves 3 de julio su informe final, que revela que si se aplicara la nueva metodología (más rigurosa), la pobreza por ingresos alcanzaría al 22,3 % de la población. Esta cifra es tres veces mayor al 6,5 % que se registró en la Encuesta Casen 2022, aunque todavía es menor que las tasas observadas en 2017 (24,2 %) y 2020 (32,2 %).
Nuevos criterios: adiós al «alquiler imputado»
El cambio principal que explica esta variación es la propuesta de eliminar el polémico alquiler imputado, que es un ingreso ficticio asignado a hogares que viven en propiedades propias. Según la Comisión, este ítem sobreestima los ingresos de las familias más vulnerables, llegando a representar hasta el 43 % del ingreso total en algunos casos, sin realmente corresponder a recursos disponibles.
En vez de eso, el informe propone establecer dos líneas de pobreza distintas, una para quienes pagan arriendo y otra para quienes no, lo que permitiría una evaluación más precisa de las condiciones económicas reales.
Pobreza multidimensional: nueva mirada a las carencias
El informe también recomienda reformular la medición de la pobreza multidimensional, incorporando 20 indicadores en cinco dimensiones: educación, salud, vivienda y entorno, trabajo y seguridad social, y redes y cohesión social. Si se implementan estos cambios, la pobreza multidimensional pasaría del 16,9 % actual al 24,6 %, reflejando carencias que antes no se consideraban, como acceso a internet, carga de cuidados, calidad educativa y costo de la vivienda.
Perspectiva alimentaria y desafíos futuros
Otro aspecto importante es el cambio de la canasta alimentaria que se basa en calorías por una canasta saludable, alineada con las recomendaciones del Ministerio de Salud. Esta nueva canasta busca reducir en un 50 % el consumo de alimentos ultraprocesados y reflejar de forma más realista los patrones de consumo del país.
La Comisión recomienda no utilizar los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares N.° 9 (EPF 9) para calcular la nueva línea de pobreza, ya que esta se levantó en un contexto excepcional debido a los retiros de fondos de pensiones y transferencias de emergencia durante la pandemia. En su lugar, sugiere usar la EPF 8 ajustada por inflación, que se considera más estable y representativa del consumo habitual de los hogares.
El informe fue entregado al presidente Gabriel Boric en La Moneda, y ahora será evaluado por las autoridades. Según anunció la ministra Javiera Toro, se iniciará una etapa de consulta técnica y pública antes de tomar una decisión sobre su implementación, la cual podría empezar a aplicarse en la Encuesta Casen 2024, con resultados esperados para 2026.
Con Información de www.chicureohoy.cl