Paula Villalobos Molina, abogada con especialización en Infancia y Familia, y ex Jueza de Familia en Linares; litigante, consultora y docente.
En el sistema de protección infantil, hay una frase que se repite constantemente: “Hay que esperar”. Esperar por un cupo, un informe, una evaluación, una derivación, o una audiencia. El problema es que la infancia no tiene un botón de pausa.
Como ex jueza de familia, aprendí que el tiempo en la infancia tiene un impacto significativo. Por ejemplo, si un niño de un año debe esperar seis meses por un cupo en salud o en un programa de protección, eso equivale a que esté esperando la mitad de su vida. Cuando el sistema responde tarde, a veces, lo hace cuando ya se ha generado daño.
En los tribunales, las medidas de protección se fundamentan en antecedentes, informes y hechos que deben ser comprobados. Este es el estándar, y debe serlo. El desafío llega cuando, a pesar de seguir el protocolo, el niño queda atrapado en una red burocrática que se extiende: falta de recursos, coordinación ineficaz, alta rotación de equipos, y una cultura que termina normalizando la demora.
Seamos claros: la espera en el ámbito de la protección no es solo un “inconveniente”; es un riesgo real. Un niño que busca ayuda —ya sea de manera directa o indirecta— y no la recibe, asimila una lección equivocada: que pedir ayuda no sirve, que nadie responde, que el mundo de los adultos falla. Lo mismo ocurre con las familias y cuidadores: empiezan con esperanza, enfrentan trámites, y terminan agotados y desconfiados.
A esta espera se suman cifras preocupantes en el país. UNICEF ha revelado que el 62,5% de los niños recibe algún tipo de disciplina violenta en el hogar (ya sea psicológica o física), lo cual representa que una mayoría está creciendo con la violencia como norma. Además, un 29,7% de niños, niñas y adolescentes ha sido víctima de violencia sexual alguna vez, con el porcentaje en niñas alcanzando el 41%. A la par, la pobreza se agudiza: según datos de CASEN 2022, el 10,5% de los niños vive en pobreza por ingresos, casi el doble que los adultos (5,3%). En este contexto, pedir que la infancia espere no es realismo, es abandono.
Dentro del sistema, observé cómo la urgencia se diluye en trámites. Vi casos en los que todos “hicieron algo”, pero nadie mantuvo la responsabilidad del caso. Cuando no hay un encargado claro, cuando los tiempos se vuelven flexibles, y la coordinación depende de la buena voluntad, el sistema deja a los niños en la peor situación posible: una espera incierta.
Por ello, si deseamos un mínimo de legitimidad en la protección, no basta con indignarse después. Necesitamos un cambio audaz: establecer plazos de respuesta en función del nivel de riesgo, designar responsables claros y garantizar un seguimiento efectivo. No para completar formularios, sino para evitar que lo urgente se convierta en rutina y que esa rutina se traduzca en daño.
Y aquí viene la parte difícil: Chile no enfrenta un ‘problema de infancia’; tiene un problema de adultos. Durante décadas, hemos anunciado políticas y normativas que suenan bien, pero que llegan al terreno sin el financiamiento necesario que sostenga a los equipos y la coordinación para materializarlas. De este modo, la protección se convierte en una promesa incumplida. Si el sistema no puede asegurar respuestas oportunas, seamos honestos: no basta con llamarlo protección. No se trata de si hicimos esfuerzos. Se trata de si realmente llegamos a tiempo. Porque en el ámbito infantil, llegar tarde también es un fracaso. Si seguimos normalizando la demora, aceptamos que algunos niños crezcan sin la protección real que necesitan. La prevención siempre será el único estándar serio: actuar antes de que ocurra el daño, no explicar las consecuencias después.
Con Información de www.diarioelcentro.cl