*Por Verónica Castillo
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Pucón es un destino turístico, pero ante todo, es un hogar para adultos mayores, trabajadores, comerciantes y familias. Por ello, es vital que cualquier política pública refleje la realidad de las personas. La introducción de parquímetros digitales se presentó como un paso hacia la modernización, y aunque la idea es válida, la ejecución ha dejado mucho que desear: se llevó a cabo sin la preparación adecuada, sin formación previa y sin canales de apoyo definidos, lo que ha generado confusión, exclusión y una notable falta de empatía con los residentes y visitantes.
Uno de los principales efectos ha sido la exclusión digital. Muchos adultos mayores y turistas no saben o no pueden usar aplicaciones móviles o tarjetas bancarias, y aquellos que solo utilizan efectivo no pueden pagar. Además, la accesibilidad es limitada debido a plataformas poco intuitivas y a instrucciones confusas. Esta problemática se ha intensificado con la expansión del perímetro de exclusión de pago, que ahora incluye calles donde anteriormente no se cobraba por estacionar. Esto ha complicado aún más la vida de los vecinos y ha aumentado la sensación de desorden e injusticia.
El impacto ha trascendido lo social y ha tenido repercusiones económicas. Los comerciantes del centro han experimentado una caída en el número de clientes debido al miedo a las sanciones, lo que ha originado tensiones innecesarias entre residentes y turistas. Además, los costos para los visitantes son el doble de lo que se cobra en Villarrica. Desde una perspectiva de equidad, los beneficios prometidos para adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores locales no se han aplicado como se había comprometido, intensificando el descontento ciudadano.
A pesar de que el sistema ha generado ingresos significativos para la municipalidad —superando los 77 millones de pesos hasta la fecha—, es justo cuestionar el costo de la mala experiencia del visitante. ¿Regresará a Pucón alguien que se sintió desorientado o maltratado, o que pagó más que en la ciudad colindante? El daño a la imagen turística puede superar cualquier beneficio económico inmediato. No podemos priorizar la recaudación sobre el bienestar común: la municipalidad no es una empresa, y quienes ocupamos cargos públicos somos servidores de la comunidad.
Por esta razón, es urgente aplicar correcciones: mantener opciones de pago en efectivo, restablecer el anterior perímetro de exclusión, crear puntos de apoyo en persona, establecer canales claros para atención y reclamos, mejorar la señalética, considerar un periodo de adaptación sin sanciones y garantizar beneficios reales para residentes y personas con movilidad reducida, así como fomentar una mayor difusión y transparencia. Modernizar es esencial, pero cuando se ama a una comuna, el gobierno debe fundamentarse en la empatía. Pucón merece proyectos diseñados para su gente y para el bien común.
*Verónica Castillo es concejal independiente de Pucón.
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