Durante varios meses, el Complejo Asistencial Doctor Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles operó bajo un sistema que, en lugar de supervisar, parecía permitir la ausencia de médicos. La Contraloría General de la República logró constatar esta situación en un informe de diciembre de 2024, que hasta ahora había permanecido sin difusión pública, revelando una serie de irregularidades en este importante hospital de la Provincia del Biobío.
El informe señala pagos exorbitantes a profesionales que no cumplieron con su jornada laboral, así como a aquellos que estuvieron fuera del país o que tenían licencias médicas mientras trabajaban en otras instituciones. Un caso destacado es el de una funcionaria que, a pesar de no presentarse durante ocho meses de 2022, recibió casi 40 millones de pesos en salarios. Además, acumula una deuda superior a seis millones por licencias rechazadas, lo que obligará al hospital a emprender acciones legales y disciplinarias en su contra.
Honorarios pagos
No se trata de un caso aislado, ya que el informe señala otras irregularidades. La auditoría reveló que se otorgaron honorarios a médicos durante períodos en los que estaban fuera de Chile. Además, cinco funcionarios viajaron al extranjero sin autorización y sin descuento en sus salarios.
Un hecho alarmante es que siete médicos realizaron labores remuneradas mientras estaban de licencia médica. Esto llevó a que el caso fuera remitido a la COMPIN e Isapres para investigar un posible uso indebido de beneficios de salud, en medio de otros casos similares que se han dado a conocer recientemente.
Por otra parte, el control de asistencia, que debería ser fundamental para asegurar la jornada laboral, mostró graves falencias. La Contraloría encontró libros con omisiones, firmas anticipadas e incluso hojas faltantes, lo que impidió verificar el trabajo de al menos tres funcionarias en un año. Mientras tanto, quince médicos solo registraban su ingreso, y, en un caso, ni siquiera eso. De este modo, el sistema manual resultó imposible de auditar, permitiendo irregularidades sistemáticas.
Además, se descubrió que al menos un médico estaba apuntado como presente en el hospital mientras atendía en la Dirección Comunal de Salud de Los Ángeles. Esta doble actuación, que en realidad nunca ocurrió, agrava aún más la situación detectada.
La magnitud del problema visible en las cifras
En 2022, el gasto en personal médico en el hospital superó los 25 mil millones de pesos. La Contraloría auditó solamente un 14% de ese total —poco más de 3.500 millones— y aun así detectó un patrón de pagos inapropiados y fallos en los controles que obligaron a ordenar reintegros, sumarios y la implementación de un sistema biométrico de asistencia que se advertirá en enero de 2025.
El Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz es el centro de salud más importante de la provincia, atendiendo a más de 400 mil personas. Las irregularidades encontradas no solo representan un problema administrativo, sino que también cuestionan la eficacia en el uso de los recursos públicos en un servicio tan vital como la salud. La Contraloría estableció plazos claros: el hospital debía acreditar medidas correctivas en 60 días y iniciar procesos disciplinarios en 15 días contra los responsables.
La respuesta del Hospital de Los Ángeles
Desde el CADVVR emitieron un comunicado respecto al informe de auditoría de la Contraloría General de la Republica, afirmando que «como institución pública de salud, mantenemos un firme compromiso con la transparencia, la probidad administrativa y el uso adecuado de los recursos fiscales, esenciales para cumplir nuestra misión de atender con calidad y seguridad a la comunidad de Biobío».
El informe mencionado corresponde a observaciones sobre situaciones administrativas del pasado. Estas están siendo revisadas a través de los procedimientos administrativos correspondientes para aclarar responsabilidades y cumplir con lo solicitado por la Contraloría», añadieron.
«Además, el hospital ha reforzado sus procesos internos de control y supervisión, implementando mejoras en el registro de asistencia y el seguimiento de licencias médicas y contratos de honorarios, con el objetivo de prevenir la repetición de hechos similares», continúa el comunicado.
«Queremos transmitir tranquilidad a nuestros pacientes y a la comunidad: estas situaciones administrativas no afectan la continuidad ni la calidad de la atención clínica que proporcionamos diariamente. Más de 4.000 funcionarias y funcionarios están comprometidos en garantizar el derecho a la salud de nuestra población», enfatizaron en el comunicado.
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Con Información de elcontraste.cl
