En 2024, 307 comunas fueron beneficiarias de la medida con una distribución total de $93.645 millones.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados de su fiscalización a los municipios que reciben ingresos por royalty minero, revelando que el 61% de ellos no ha cumplido con la obligación de informar sobre el uso de estos recursos en sus espacios de transparencia activa.
En esta línea, el organismo llevó a cabo una fiscalización que analizó la recaudación y el destino de los fondos entregados a las municipalidades a través del royalty minero correspondiente a 2024, así como una muestra para 2025.
Según la información proporcionada por el CPLT, se evaluó la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos del Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial, conocidos como ‘Fondos Puente’.
Este análisis se realizó siguiendo lo establecido en la normativa vigente, especialmente en la Ley N°21.591, que regula este impuesto especial aplicable a las grandes empresas mineras y el deber de las municipalidades de informar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) sobre el uso de estos fondos.
La metodología consistió en una revisión exhaustiva de los portales de transparencia activa de todas las municipalidades durante 2024, junto con solicitudes de acceso a la información a la SUBDERE de las 20 municipalidades que más fondos reciben por royalty minero.
Hallazgos
Entre los hallazgos, se constató que el 61% de las 187 municipalidades beneficiarias de los Fondos Puente no cumplió con la obligación de publicar en sus portales de transparencia activa los informes sobre el uso de estos recursos en la sección ‘Información Presupuestaria’, específicamente en el sub ítem ‘Informe fondos transitorios Royalty a la Minería. Ley de Presupuestos 2024′.
Es importante mencionar que de las 307 comunas beneficiarias, se distribuyó un total de $93.645 millones, los cuales se pueden usar libremente, aunque no pueden destinarse al pago de deudas.
En relación a los incumplimientos de los 187 municipios, se identificó que estos incluyeron no habilitar el sub ítem específico de Royalty, no publicar los reportes de rendición de cuentas, presentar información incompleta o publicarla en un sub ítem distinto al establecido por la normativa.
Asimismo, de las 38 comunas que no recibieron Fondos Puente, pero debían declarar en sus portales que no eran beneficiarias, el 24% tampoco cumplió con esta obligación.
Respecto a la ejecución de los recursos en 2024, se determinó que todos los municipios beneficiarios imputaron los fondos a algún ítem presupuestario, de los cuales el 97% reportó haber realizado algún gasto con cargo a estos.
De los gastos, el 37% se destinó a iniciativas de inversión, el 23% a bienes y servicios de consumo, el 18% a transferencias corrientes, el 12% a adquisición de activos no financieros, y el 8% a gastos en personal.
Municipios
El análisis incluyó un ranking de los principales receptores de fondos por royalty minero, revelando que los cinco mayores beneficiarios son Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana. El mayor gasto reportado fue una transferencia de la Municipalidad de Maipú a su Corporación Municipal de Educación (CODEDUC) por $1.670 millones.
Le siguen La Pintana con un gasto de $1.332 millones en reencarpeteo de calles; La Granja con $732 millones en aseo domiciliario; Cerro Navia con $628 millones en pago de sueldos, y San Ramón con $514 millones en aseo de calles y mantención de jardines.
Para el año 2025, donde la publicación de transparencia activa dejó de ser obligatoria, se revisaron los sitios de los 20 municipios para evaluar si publicaban voluntariamente información sobre la rendición de estos fondos, encontrando que solo el 20% reporta información de su ejecución.
«Brechas importantes de transparencia»
«Dado que se trata de sumas significativas de dinero público, conocer su uso es una cuestión de alto interés público, a la que los ciudadanos tienen derecho», subrayó González.
A su juicio, «los resultados de nuestra fiscalización reflejan que los gobiernos locales aún enfrentan una brecha significativa en transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos. El compromiso de nuestra institución es reducir esta brecha utilizando todas las herramientas que la ley nos proporciona».
Con Información de www.diarioelpulso.cl
