La crisis judicial y administrativa que enfrenta el Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar se intensificó tras el fallo del 8 de enero de 2026 emitido por el 2° Juzgado Civil, que aceptó la demanda de la Inmobiliaria Playa Mansa Cinco Norte Limitada por el incumplimiento repetido en el pago del arriendo, ordenando además el desalojo del inmueble antes del 31 de enero de 2026. Esta sentencia representa un momento crítico en un conflicto prolongado entre la inmobiliaria y la Fundación Educacional Santa María Mazzarello.
En el fallo, firmado por la jueza Ximena Torres Valenzuela, se detalla que las partes firmaron un contrato de arrendamiento para el inmueble ubicado en la esquina de 5 Norte y 1 Oriente, con una duración desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, estableciendo una renta anual de $240 millones. El tribunal determinó que la Fundación había incumplido sus obligaciones de pago, lo que llevó a la resolución del contrato y la orden de devolución del inmueble.
La inmobiliaria ha subrayado que la decisión judicial no fue sorpresiva, ya que se llevaron a cabo negociaciones y conciliaciones previas para evitar este desenlace. Durante el juicio, se mencionó que en 2024 se logró una conciliación que otorgó plazos adicionales para que la Fundación reubicara el establecimiento, pero esa reubicación no se concretó, lo cual motivó a la inmobiliaria a continuar con la acción judicial para recuperar la propiedad.
Los antecedentes judiciales indican que la Fundación Educacional Santa María Mazzarello solo demostró pagos por $162.017.532 en 2024, y en 2025 apenas logró comprobar $140.000.000. Esto dejó un saldo impago de $138 millones, monto que fue considerado por el tribunal al aceptar la demanda y ordenar el desalojo.
Sin embargo, la Fundación ha insistido en que el fallo no significa un desalojo inmediato ni la paralización del proyecto educativo, sosteniendo que aún hay plazos legales y recursos judiciales en curso. La administración afirma que se trata de una etapa esperada del proceso y que el colegio funcionará con normalidad mientras se llevan a cabo las acciones legales pertinentes.
Por otro lado, el Sindicato de trabajadores ha expresado una opinión opuesta, acusando a la administración de minimizar la gravedad de la situación y de haber mantenido por meses una política de información insuficiente y poco clara. Aseguran que no se presentó un plan de contingencia para enfrentar un eventual desalojo, a pesar de que el proceso judicial apuntaba a un desenlace desfavorable.
La situación se complica aún más por un proceso administrativo en la Superintendencia de Educación, donde hay una resolución sancionatoria que podría llevar a la revocación del reconocimiento oficial del colegio a partir de 2027 y la inhabilitación perpetua de la sostenedora. Mientras la Fundación afirma que está trabajando en planes de contingencia y continuidad académica, el Sindicato exige total transparencia, garantías laborales y la intervención efectiva de las autoridades, en medio de una creciente incertidumbre para la comunidad educativa.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
