El Ministerio de Transportes terminó un contrato millonario con una empresa que debía habilitar la plataforma. Hoy, el corazón de la normativa sigue detenido.
La Ley Uber (21.553) fue promulgada en 2023 y tenía como objetivo equiparar las condiciones entre taxis y apps como Uber, DiDi, Cabify e InDrive. Para que esta normativa entre en vigencia, es fundamental el Registro de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), que debía reunir datos de conductores, vehículos y viajes.
El contrato con Concordia Ediciones SpA, asignado en 2024 a través de trato directo por más de $513 millones, finalizó abruptamente en agosto pasado. La empresa no logró entregar un sistema funcional. Según informó Informe Especial, un funcionario habría comentado que “lo que se había hecho solo servía como ejemplo de cómo no se hacen las cosas”.
Fracasos y tensiones internas
Antes de Concordia, la Subsecretaría de Transportes había intentado dos licitaciones. Una fue desechada por falta de postulantes y la otra por incumplimientos en las propuestas. Al final, el subsecretario Jorge Daza eligió el trato directo con la cuestionada empresa.
Esta decisión generó críticas, sobre todo porque parte del equipo de Concordia venía de Catena Ingeniería, una de las firmas que no pasó las licitaciones anteriores.
El fracaso no solo retrasó la implementación de la normativa, sino que también causó tensiones dentro del ministerio. De hecho, cercanos al ministro Juan Carlos Muñoz reconocen que se ha distanciado de su subsecretario por la manera en que se manejó el tema.
Un nuevo intento, más caro
El Ministerio de Transportes ahora busca retomar el proyecto con otra empresa, nuevamente por trato directo, por un monto cercano a $800 millones, que es más de lo ya gastado. Sin embargo, según detalla Informe Especial, advierten que el trabajo tendrá que partir “desde cero”, ya que lo entregado hasta ahora no tiene utilidad técnica.
Mientras tanto, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Transportes advirtió al ministro sobre la gravedad de la situación y la incertidumbre que genera no contar con un sistema operativo.
Lo que exige la Ley Uber
La normativa incluía un reglamento con varios cambios para los choferes que usaran aplicaciones de transporte:
- Conductores: licencia profesional clase A2, certificado de antecedentes y registro oficial en el sistema.
- Vehículos: cilindrada mínima de 1.4 litros (o 70 kW si son eléctricos), revisión técnica semestral y antigüedad máxima de 12 años.
- Aplicaciones: inscripción en el registro nacional, seguros obligatorios y entrega de información clara al pasajero.
- Sanciones: multas de hasta 20 UTM, suspensión de licencia por seis meses y retiro del vehículo en casos graves.
El futuro de la ley
Aunque la autoridad había prometido que la Ley Uber estaría operativa en 2025, hoy el panorama es distinto. La dilación podría extenderse más allá de este gobierno, cuyo plazo finaliza en marzo de 2026.
El desafío sigue siendo implementar el registro digital que permita activar la ley. Sin ello, el marco regulatorio que busca ordenar el transporte por aplicaciones en Chile seguirá siendo letra muerta.
Con Información de www.chicureohoy.cl