La suspensión detiene la inclusión de nuevas enfermedades, a pesar de casi 10 mil solicitudes ingresadas.
La decisión del Ministerio de Salud de mantener la Ley Ricarte Soto en pausa ha vuelto a generar preocupación entre pacientes y organizaciones, ya que se confirmó que se ha detenido el proceso de evaluación de nuevas tecnologías sanitarias que permitiría ampliar la cobertura del sistema de enfermedades de alto costo.
Esta normativa, que está vigente desde 2015, fue creada para financiar tratamientos complejos mediante un fondo anual de 100 mil millones de pesos.
A lo largo de los años, la ley ha permitido la incorporación progresiva de diversas patologías, alcanzando actualmente 27 enfermedades cubiertas, entre ellas varios tipos de cáncer que no están cubiertos por el AUGE/GES, enfermedades inmunológicas y condiciones poco frecuentes.
Sin embargo, el último decreto que amplió esta cobertura fue publicado en 2021. Desde entonces, no se han sumado nuevas patologías y el proceso quedó detenido otra vez, a la espera de un informe financiero que el Ministerio de Hacienda aún no ha entregado, tal como confirmó el propio Ministerio de Salud.
Críticas de pacientes y expertos
El senador Juan Luis Castro (PS) cuestionó esta decisión y advirtió que la suspensión “condena a miles de familias a seguir esperando en la incertidumbre”, enfatizando que las enfermedades no se detienen ni responden a los tiempos administrativos del Estado.
Durante la primera etapa del último proceso de evaluación, realizada el año pasado, se recibieron 9.580 solicitudes de diagnósticos y tratamientos de alto costo, que incluían terapias para el mal de Crohn, hipercolesterolemia familiar, mielodisplasia, linfoma cutáneo y atrofia muscular espinal.
Jessica Cubillos, presidenta de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, dijo que la ley es clave para quienes viven con patologías complejas, pero advirtió que cuando se postergan las decisiones, “esa ventana se convierte en una traba gigante”.
Desde el ámbito técnico, la economista especializada en salud, Daniela Sugg, expresó que el principal problema es financiero. A su juicio, no es viable seguir incorporando nuevas tecnologías mientras los recursos actuales no alcanzan para cubrir lo ya garantizado, lo que mantiene a la Ley Ricarte Soto en pausa y sin avances concretos.
Paralelamente, el Ministerio de Salud ingresó en junio de 2025 un proyecto de ley para reforzar el financiamiento del fondo. Esta iniciativa fue aprobada en general, pero hasta ahora no ha tenido avances significativos en el Congreso.
Con Información de www.chicureohoy.cl
