La nueva normativa actualiza el marco legal del sistema de inteligencia del Estado.
Después de siete años en el Congreso, finalmente se aprobó la nueva Ley de Inteligencia del Estado. Esta ley busca modernizar el marco legal vigente y darle un impulso al rol de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), alineándose con la agenda de seguridad del gobierno.
El proyecto se presentó originalmente en noviembre de 2018 durante el segundo mandato de Sebastián Piñera y fue retomado por la actual administración con modificaciones en enero de 2023, lo que facilitó su avance hasta la aprobación definitiva.
Amplio respaldo político en el Congreso
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados con 107 votos a favor y tres abstenciones, tras contar con un respaldo unánime en el Senado, quedando lista para su promulgación.
Desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, valoró el acuerdo y aseguró que se trata de una ley moderna, que respeta los estándares democráticos y los derechos humanos.
Fortalecimiento de la ANI y nuevas atribuciones
Uno de los focos principales de la nueva ley es el refuerzo de la ANI, que asumirá un rol clave dentro del Sistema de Inteligencia del Estado, incorporando nuevas funciones para anticipar riesgos y amenazas a la seguridad nacional.
Entre sus nuevas atribuciones se incluyen temas relacionados con ciberseguridad, protección de infraestructura crítica y acceso a información específica, además de la implementación de procedimientos especiales para la obtención de antecedentes, los cuales requerirán autorización judicial.
Coordinación, control y límites al sistema
La ley establece el Sistema de Inteligencia del Estado, definiendo su institucionalidad, funcionamiento y los órganos de coordinación, destacando el Consejo Interministerial de Inteligencia, que será liderado por el ministro del Interior.
Además, se refuerzan los mecanismos de control externo, que incluirán la supervisión de la Contraloría General de la República, los tribunales de justicia y la Cámara de Diputadas y Diputados. La normativa aclara que las labores de inteligencia no podrán usarse para fines distintos a los establecidos por la ley.
Nuevas figuras penales y seguridad del Estado
El texto legal introduce nuevas figuras penales relacionadas con el uso indebido del sistema de inteligencia y la protección de información secreta, destacando el delito de espionaje político.
Además, se actualizan las atribuciones de las Fuerzas Armadas para equiparlas con herramientas para prevenir delitos asociados al crimen organizado y el narcotráfico.
Con Información de www.chicureohoy.cl
