El domingo 8 de febrero del 2026, el “gabinete de seguridad” israelí aprobó una serie de medidas que aceleran la expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania y fortalecen la anexión de tierras palestinas, mediante cambios en los registros de tierras y normativas, violando el derecho internacional.
El ministro de finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ha manifestado públicamente que el objetivo es “afianzar nuestras raíces en todas las regiones de la Tierra de Israel y enterrar la idea de un Estado palestino”.
Las medidas incluyen cambios legales, administrativos y territoriales que impactan gravemente en los derechos de propiedad palestinos, eliminando restricciones a la compraventa de tierras y facilitando que colonos israelíes adquieran propiedades palestinas.
Estas disposiciones permiten incrementar las demoliciones de viviendas e infraestructuras palestinas y expandir colonias exclusivas para judíos en terrenos confiscados.
Siguiendo esta lógica de anexión, se transfirió el control sobre los permisos de construcción en Hebrón—incluyendo la Mezquita Ibrahimi— a la Administración Civil israelí, desmantelando lo acordado en el Acuerdo de Hebrón de 1997. Un patrón similar se perfila en Belén, consolidando una anexión de facto y una soberanía impuesta por la potencia ocupante.
Las autoridades israelíes buscan ampliar el control administrativo hacia las Áreas A y B, bajo pretextos como el patrimonio, la arqueología, el medio ambiente y la regulación del agua.
Estos hechos generan graves preocupaciones desde la perspectiva del derecho internacional, que establece que Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, sigue siendo un territorio ocupado y que cualquier intento unilateral de modificar su estatus carece de validez legal. Estas medidas afectan el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, fragmentando su territorio y debilitando su capacidad de gobernanza.
El Estado de Palestina sostiene que Israel no tiene soberanía sobre el territorio ocupado y que la adquisición de tierras por la fuerza está prohibida por la Carta de las Naciones Unidas y resoluciones del Consejo de Seguridad. En 2024, la Corte Internacional de Justicia determinó que la presencia continua de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal y debe finalizar lo más pronto posible.
El rechazo internacional incluye la ONU, la Unión Europea, España, el Reino Unido, Estados Unidos, el Bloque Árabe-Islámico y la Organización para la Cooperación Islámica, que consideran estas medidas como una amenaza a la solución de dos estados y una violación del derecho internacional.
Después de 77 años de la Nakba y décadas de ocupación, las decisiones unilaterales siguen sin un freno real, mientras las condenas verbales no se traducen en acciones concretas. Las vidas y los derechos del pueblo palestino no son negociables ni aplazables, y la falta de responsabilidad refuerza la consolidación de hechos ilegales sobre el terreno.
Por Vera Baboun
Embajadora del Estado de Palestina en Chile
Con Información de portalmetropolitano.cl