La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha finalizado el proceso sancionador contra la empresa canadiense Cooke Aquaculture S.A., confirmando la existencia de ocho infracciones ambientales en tres centros de engorda de salmones (CES) localizados en la Región de Aysén, de los cuales dos se encuentran dentro de los límites marítimos del Parque Nacional Laguna San Rafael.
En el contexto de este procedimiento, la SMA ha verificado que la empresa incurrió en infracciones ambientales en los centros Punta Garrao, Huillines 2 y Huillines 3, y ha ordenado el cierre de los dos últimos.
En lo que respecta a Punta Garrao, se determinó, a partir de información proporcionada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), que la empresa superó la producción máxima permitida entre septiembre de 2017 y febrero de 2019, alcanzando un total de 3.068,9 toneladas, lo que representa un 22,72% sobre lo autorizado desde el punto de vista ambiental.
Además, la Superintendencia constató que la empresa colocó estructuras relacionadas con la explotación del CES fuera del área de concesión y no contaba, en el momento de la fiscalización, con un plan de contingencias para el derrame de hidrocarburos ni tampoco para la protección de la especie huillín en su interacción con el centro de cultivo.
En cuanto a los CES Huillines 2 y Huillines 3, la Superintendencia constató que la empresa realizó modificaciones significativas en sus proyectos sin someterse a la evaluación ambiental necesaria, al haber incrementado la producción de salmones mediante un sistema intensivo en más de 35 toneladas, sin contar con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) necesaria para ello.
Por otra parte, en Huillines 2 la empresa ubicó las estructuras del CES fuera de la concesión y se encontró residuos acuícolas en las costas adyacentes.
Tras analizar la información recabada durante la investigación, la SMA ha ordenado el cierre total de los CES Huillines 2 y Huillines 3 debido a las modificaciones sustanciales realizadas sin RCA, además de imponer una multa total de 1.660,6 UTA, equivalentes a aproximadamente US$1.400.000.
Con respecto a la clausura, en conformidad con la ley, la Superintendencia elevará la sanción al Tribunal Ambiental para su consulta.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl