- La mayoría de las causas se generaron durante el primer año de la gestión del alcalde Sebastián Álvarez y están relacionadas con conflictos laborales. Cuatro de los seis concejales han mostrado un fuerte desacuerdo con la situación y han calificado la gestión como “deficiente”.
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Un informe que llegó a manos de los concejales recientemente revela un dato alarmante: la municipalidad enfrenta diversas causas judiciales abiertas. En total, son casi 60 juicios (58 para ser exactos), acumulando demandas por cerca de $2.000 millones, con un total de $1.910.621.574. 45 de estas causas fueron iniciadas en 2025, mientras que 17 se originaron en años anteriores bajo la administración del exalcalde Carlos Barra.
El informe también detalla el estado de la mayoría de las causas, que son principalmente laborales y civiles. De las causas más avanzadas, seis están acogidas a favor de los demandantes, aunque continúan con recursos abiertos. En cuanto a las rechazadas (donde la municipalidad busca un triunfo judicial), hay 18, aunque casi todas cuentan con recursos pendientes.
En este contexto, surge la pregunta de cómo se prepara la municipalidad para afrontar estos requerimientos y cumplir con los pagos. Según la actual administración liderada por el alcalde Sebastián Álvarez, se ha asignado en el presupuesto municipal un monto de $100 millones específicamente para estos posibles pagos. Además, de los más de $1.400 millones disponibles, se reservó otro monto de $247 millones para juicios, lo que suma un total de $347 millones disponibles para 2026. En caso de que faltaran recursos, se tendría que recurrir a ajustes presupuestarios que deben ser aprobados por el concejo municipal.
Críticas de los concejales
Al ser consultados sobre este asunto, los concejales señalaron, entre otras cuestiones, los conflictos laborales dentro de la municipalidad y los fondos reservados para posibles pagos. En este contexto, Marina Matus (REP) centró la atención en el tema laboral. “El 74% corresponde a conflictos laborales, lo cual indica un problema en la estructura de gestión y no es una situación aislada. Esta concentración revela deficiencias en el cumplimiento de normativas y en los controles internos, lo que es crucial. No son contingencias inevitables, sino riesgos previsibles ante una gestión deficiente”, afirmó la concejala republicana.
En relación a las cifras, subrayó: “Cada peso destinado a juicios representa un peso menos para seguridad, infraestructura y servicios comunitarios. Además, el municipio se expone a observaciones de la Contraloría, lo que podría evitarse. No se trata de una disputa política, sino de una responsabilidad fiscal”.
Por su parte, la concejala independiente Verónica Castillo se centró en los recursos reservados para pagos, considerándolos insuficientes. “En el presupuesto de 2026 es evidente que no han priorizado estos recursos. Un alcalde debe establecer prioridades, pero los gastos que deben cubrirse son cerca de $2.000 millones por juicios laborales. Existe la probabilidad de que el municipio pierda, y esto no está reflejado en el presupuesto. He planteado esto al alcalde y al concejo, pero no se ha tenido en cuenta. Es preocupante cómo se va a abordar este tema en el invierno, ya que siempre dicen que no hay dinero”, expresó Castillo.
El concejal Emilio Ulloa (RN) también expresó su preocupación: “Cada peso de los puconinos debe ser protegido con el máximo cuidado. Es alarmante que cifras de tal magnitud estén en riesgo. Mi prioridad es exigir que los recursos públicos se utilicen correctamente y evitar pérdidas en procesos judiciales que pudieron prevenirse. Por eso he solicitado conocer las causas en proceso y las que ya han recibido sentencia. La salud municipal y las necesidades urgentes de los vecinos son la verdadera prioridad, y no podemos permitir que el presupuesto se desvíe hacia asuntos evitables”, afirmó Ulloa, agregando que estará al tanto de cada etapa del proceso.
Finalmente, Claudio Cortez (RN) catalogó los montos como “exorbitantes”. “Cada demandante tiene derecho a defenderse, pero lo preocupante es que el despido de numerosos funcionarios al inicio de la administración de Álvarez es un claro indicativo. Según el informe, 42 de las 58 causas son por ‘despido injustificado’ y ‘tutela de vulneración de derechos’, lo que representa casi el 85% de los juicios”, comentó Cortez. “El alcalde debió abordar estas desvinculaciones de forma diferente, evaluando antes de tomar decisiones. Si esos juicios resultan en pérdidas, el municipio no habrá reservado lo suficiente, lo que obligará a modificaciones presupuestarias que afectarán a otras áreas”.
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Con Información de www.lavozdepucon.cl
