La Corte Suprema confirmó y apoyó las facultades de la Contraloría General de la República (CGR) para identificar irregularidades en contratos municipales y remitir documentación al concejo municipal, incluso en casos donde se detecta que servicios públicos son prestados por empresas privadas sin un contrato vigente.
El asunto se originó en Coyhaique, donde la Contraloría Regional de Aysén verificó que el servicio de recolección de basura se realizaba sin un contrato legal. En respuesta, el alcalde de la comuna presentó un recurso de protección argumentando que el oficio del organismo de control violaba el debido proceso y perjudicaba su imagen pública.
Sin embargo, en octubre, la Corte de Apelaciones local determinó que no se trataba de un acto ilegal o arbitrario por parte de la Contraloría, ya que el oficio impugnado se emitió dentro de sus competencias.
Además, indicó que la actuación cuestionada estaba directamente relacionada con el deber de la CGR de garantizar la legalidad de los actos municipales, particularmente en relación con la prestación de servicios públicos por parte de privados sin un respaldo contractual.
Más tarde, el tribunal supremo ratificó el fallo, reafirmando el carácter preventivo y fiscalizador del organismo contralor.
Así, los jueces concluyeron que la Contraloría actuó dentro de sus facultades legales, llevando a cabo un sumario administrativo e informando al Concejo Municipal, sin imponer sanciones ni prejuzgar responsabilidades.
Asimismo, descartaron la vulneración de derechos fundamentales o que existiera riesgo para la continuidad del servicio.
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