La Superintendencia de Educación ha publicado el informe titulado “Caracterización de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula (2016-2024)”, que examina las tendencias, perfiles y razones detrás de estas sanciones en el sistema escolar chileno.
Este estudio se inserta en el debate público sobre el desafío que enfrentan las instituciones educativas para garantizar espacios seguros y, al mismo tiempo, proteger el derecho a la educación. Con un enfoque descriptivo y exploratorio, se revisaron más de 8.200 expedientes notificados a la Supereduc, así como bases de datos del Ministerio de Educación.
Los hallazgos indican un aumento sostenido en la imposición de sanciones severas. Entre 2016 y 2024, la cantidad de casos se triplicó, pasando de 741 a 2.423. Este incremento es especialmente notable en el contexto pospandemia, con un promedio anual de 1.754 casos entre 2022 y 2024, más del doble que en el período de 2016 a 2019.
Uno de los datos más significativos es que las expulsiones aumentaron ocho veces en este período, pasando de 167 casos en 2016 a 1.304 en 2024. Desde 2022, esta medida ha superado a la cancelación de matrícula, consolidándose como la principal sanción, al representar el 53,8% de los expedientes en 2024.
Al respecto, la superintendenta Loreto Orellana Zarricueta comentó: “Este informe evidencia que los equipos directivos de los establecimientos están aplicando sus facultades según la normativa vigente. Los datos muestran que la mayoría de los procesos de expulsión y cancelación de matrícula se fundamentan en la Ley Aula Segura, por lo que es un mito que no se esté utilizando. Es crucial que estos procesos busquen también proteger las trayectorias educativas.”
El informe también revela que las sanciones se concentran en escuelas con una alta proporción de estudiantes prioritarios. En 2024, el 63,4% de las expulsiones y el 53,1% de las cancelaciones ocurrieron en instituciones donde más del 60% del alumnado es prioritario. En contextos vulnerables, las tasas son más elevadas, mientras que en escuelas de menor vulnerabilidad son marginales. Para este estudio, se analizaron principalmente instituciones públicas y particulares subvencionados, ya que las particulares pagadas no tenían la obligación de reportar estos procesos, aunque esto cambiará con la nueva Circular N°782 sobre medidas formativas y disciplinarias.
Asimismo, se detecta una sobrerrepresentación de hombres en ambas sanciones (más del 75% en 2024), con una concentración en educación media y perfiles académicos deteriorados: bajo rendimiento, baja asistencia y trayectorias educativas frágiles.
En este sentido, la superintendenta Orellana añadió: “Las cifras indican que quienes son sancionados ya enfrentaban problemas previos: bajo rendimiento, ausentismo y repitencia. Para evitar que estas medidas se conviertan en un quiebre irreversible, debemos fortalecer las estrategias preventivas y de acompañamiento que se han implementado en el contexto de reactivación educativa, como el programa Chile Presente del Mineduc. De esta manera, entre 2022 y 2024, la tasa de desvinculación disminuyó, permitiendo que aproximadamente 10.000 estudiantes continuaran en el sistema.”
Respecto a las causas, la agresión física a estudiantes es la más común, representando el 45,7% de las expulsiones y el 31,2% de las cancelaciones en 2024. También se ha notado un aumento en incidentes de mayor gravedad, como el porte de armas, consumo de drogas y agresiones sexuales, lo que refleja la complejidad de las situaciones escolares.
El análisis longitudinal confirma que estas sanciones impactan profundamente las trayectorias educativas. A los 20 años, entre un 20% y un 27% de los estudiantes expulsados han sido excluidos del sistema escolar, comparado con menos del 10% de la población general.
Loreto Orellana Zarricueta enfatizó: “La transparencia de estos datos es esencial. No buscamos alarmar, sino proporcionar evidencia que mejore políticas y prácticas. Nuestro compromiso es asegurar que todos los estudiantes permanezcan en el sistema y tengan oportunidades reales de aprendizaje. Buscamos también prevenir casos graves que puedan llevar a expulsiones, trabajando en la profundización de políticas de convivencia como la Gestión Colaborativa de Conflictos.”
La Supereduc destaca que, junto con la publicación de este informe, seguirá promoviendo capacitaciones en gestión de convivencia, estrategias de prevención y colaboración intersectorial. El objetivo es ofrecer a los establecimientos herramientas para anticipar conflictos y apoyar a los estudiantes en riesgo de exclusión, aplicando tanto medidas disciplinarias como formativas.
Finalmente, la institución subraya que este informe pretende aportar evidencia para fortalecer la política educativa y garantizar que cada estudiante, independientemente de su contexto, pueda ejercer su derecho a la educación en un entorno seguro y respetuoso.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl