A pesar del reconocimiento oficial del Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, organizaciones sociales y expertos cuestionan la gestión ambiental del proyecto Casino Dreams, situado a 400 metros del área protegida.
La declaración oficial del Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, formalizada a través de la Resolución Exenta N° 6798 del Ministerio del Medio Ambiente, representó un avance significativo para Talca. La comunidad celebró este logro, ya que prometía implementar resguardos efectivos frente a futuros proyectos con posibles impactos ecológicos.
No obstante, el avance del Casino Dreams, ubicado a unos 400 metros del humedal, ha generado descontento. El proyecto se registró en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante una Consulta de Pertinencia, un mecanismo destinado a consultas preliminares. Este registro no implicó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), provocando un debate jurídico, social y ambiental.
La Ley 21.202, que modifica la Ley 19.300, establece la protección de humedales urbanos y requiere que los proyectos que puedan afectarlos se registren en el SEIA. Las organizaciones ciudadanas argumentan que, dada su escala y proximidad al humedal, el casino debería haber sido sometido a un proceso de evaluación ambiental más exhaustivo. Sin embargo, la autoridad no ha declarado que el proyecto sea ilegal, ya que la Consulta de Pertinencia se encuentra contemplada en la normativa actual.
Espacio para el diálogo
Fabián Olave, abogado y director de BIOEcoTerra, criticó la falta de espacios formales para plantear preocupaciones ante la autoridad ambiental: “Hemos solicitado audiencias con la Dirección Ejecutiva del SEA durante meses sin respuesta, lo que sienta un precedente preocupante sobre la participación y el equilibrio institucional”.
Según registros de la Ley de Lobby, representantes del proyecto han llevado a cabo reuniones oficiales con el SEA, lo cual es legal. Sin embargo, las organizaciones sociales ponen en duda la equidad en el acceso a estas instancias de discusión.
Además, la Dirección de Obras Municipales de Talca ha concedido el permiso de construcción para el casino. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al ser consultado por las organizaciones ciudadanas, recibió solicitudes de fiscalización, aunque hasta el momento no se han reportado sanciones ni pronunciamientos públicos definitivos.
Expertos en derecho ambiental coinciden en que Chile cuenta con un marco legal sólido, pero la efectividad de este depende de criterios administrativos, la oportunidad de las fiscalizaciones y la capacidad de las autoridades competentes para hacer cumplir la regulación.
El debate va más allá del humedal. Las organizaciones han planteado cuestiones sobre:
- Aplicación real del marco legal ambiental.
- Acceso equitativo a espacios de participación ciudadana.
- Coherencia institucional en la planificación territorial.
- Confianza pública en los procesos de evaluación ambiental.
El Humedal Urbano de Talca goza de reconocimiento oficial, pero su proximidad a un gran proyecto inmobiliario revela tensiones entre el desarrollo urbano, la normativa ambiental y la percepción ciudadana sobre la protección efectiva. Aunque la autoridad no ha indicado incumplimientos normativos, este caso reaviva el debate sobre la adecuación y profundidad de la evaluación ambiental en áreas ecológicamente sensibles.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
