El Consejo para la Transparencia (CPLT) divulgó los resultados de su proceso de fiscalización 2025 dirigido a los 16 gobiernos regionales del país. La evaluación se centró en la transparencia activa, que implica la obligación de publicar la información estipulada por la Ley de Transparencia y actualizarla mensualmente. El informe indicó un cumplimiento promedio nacional de solo 76,06%, la cifra más baja desde que se inició estas evaluaciones en 2010, consolidando una tendencia a la baja ya observada el año anterior.
Entre las principales carencias identificadas, destaca la falta de publicación de información presupuestaria y financiera, que según la ley debe ser pública. En cuanto a modificaciones presupuestarias, el cumplimiento apenas llegó al 35,7%, y en el presupuesto asignado, solo se alcanzó un 37,5%. En el caso de otras transferencias y aquellas reguladas por la Ley N° 19.862, que establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, el promedio de cumplimiento fue solo del 44,9% y 46,9%, respectivamente.
Particularmente en estas áreas se encontraron discrepancias entre los datos reportados al Consejo por los gobiernos regionales y lo realmente publicado en sus sitios web oficiales.
Asimismo, se evidenciaron deficiencias en la publicación de mecanismos de participación ciudadana, con un 50% de cumplimiento global, y en contrataciones de bienes y servicios, así como contratos relacionados con propiedades, ambos con un 54,5% de cumplimiento.
La presidenta del CPLT, Natalia González, expresó que “este consejo continuará realizando estas fiscalizaciones de manera regular, ya que nos permite observar el desempeño histórico de los gobiernos regionales en materia de transparencia. Gracias a este trabajo constante, podemos comparar estos resultados con los del año anterior, evidenciando que persisten las deficiencias más críticas en la publicación de información presupuestaria y transferencias de fondos públicos. Esto es una señal de alerta, especialmente considerando que, a la par, se desarrollan investigaciones por parte de otras instancias fiscalizadoras y el ministerio público sobre posibles usos irregulares de recursos públicos”.
“Poner a disposición de la ciudadanía la información pública que establece la ley es un primer paso para garantizar que la función pública se ejerza con transparencia y probidad. Esto permite a la ciudadanía en general, así como a académicos, medios de comunicación y otros, acceder, analizar y escrutar dicha información, para que puedan conocer, por ejemplo, cómo se asignan y ejecutan los recursos públicos”, añadió González.
En cuanto a los rendimientos individuales de los gobiernos regionales, uno de los hallazgos más preocupantes corresponde al Gobierno Regional de La Araucanía, que registró una caída de 35,6 puntos porcentuales en comparación con 2024, bajando de 79,5% a 43,9%. También se observaron retrocesos significativos en Los Lagos (-23,5 puntos) y Magallanes (-20,6 puntos), siendo este último el que lideró el ranking de cumplimiento en la fiscalización anterior.
De acuerdo con la evaluación de las puntuaciones de cada entidad, solo cuatro gobiernos regionales superaron el 90% en cumplimiento de transparencia activa: Región Metropolitana (99,89%), Atacama (94,8%), Aysén (91,5%) y Bío Bío (90,6%). En contraste, Araucanía, Arica y Parinacota, Antofagasta, O’Higgins y Los Lagos no alcanzaron el 65%.
“La gran dispersión en los resultados demuestra la falta de estándares mínimos comunes. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública no puede depender de la ubicación geográfica. Por eso, continuamos capacitamos a los funcionarios públicos y recopilando y analizando las mejores prácticas para que todas las instituciones puedan cumplir con la ley adecuadamente, mientras cumplimos con nuestra labor fiscalizadora y sancionadora cuando sea necesario”, enfatizó la presidenta del CPLT.
La fiscalización tuvo lugar entre el 3 y el 20 de marzo de este año, combinando análisis semiautomatizados, revisión manual de sitios de transparencia activa y contraste con la información proporcionada por los propios gobiernos regionales.
El Consejo instó a los gobiernos regionales a tomar medidas inmediatas para corregir las deficiencias identificadas, subrayando que el derecho de acceso a la información pública es un pilar fundamental de la democracia y la rendición de cuentas.
Con Información de osornoenlared.cl