El Departamento de Estudios de Fundación TACAL, que lleva 40 años trabajando en la inclusión laboral de personas con discapacidad, hizo un análisis profundo de los compromisos de los ocho candidatos presidenciales en seis áreas clave según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Es raro que no se mencionen con fuerza los planes de inclusión en colegios, accesibilidad, transporte, salud mental ni una postura clara frente a la legislación de inclusión laboral”, concluyeron.
Los programas de gobierno de estos ocho aspirantes a La Moneda fueron revisados al detalle por el Área de Estudios de Fundación TACAL, analizando seis dimensiones cruciales de la Convención de la ONU en torno a los Derechos de las Personas con Discapacidad, que son: trabajo, salud, educación, protección social, cultura y deporte.
El objetivo fue verificar si la inclusión de las personas con discapacidad es presentada como una política de Estado o como un conjunto de promesas sueltas. “La Clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud nos recuerda que la discapacidad también depende del entorno, especialmente uno que excluye”, dice Francisco González, jefe del Área de Estudios.
La revisión se realizó a partir de los programas de gobierno publicados en el sitio de SERVEL el 30 de octubre y de los disponibles en las páginas web de los candidatos al 20 de ese mes. A diferencia de otros análisis que se han difundido en medios y redes sociales, TACAL se centró únicamente en los programas y su relación con las seis dimensiones definidas, dejando de lado entrevistas y declaraciones en debates.
En cuanto a la cobertura, los programas de Jara, Kast, Matthei y Kaiser mencionan las seis dimensiones. Mayne-Nicholls aborda tres (protección social, trabajo y deporte), Artés y Enríquez-Ominami tocan dos (Trabajo y protección social; educación y salud, respectivamente) y Parisi menciona solo uno (salud).
Para González, la debilidad va más allá de la cantidad de páginas dedicadas a la inclusión. “Hay diferencias en las propuestas: algunas abordan dimensiones que otras no tocan, pero en todas falta una estrategia que cierre la brecha entre un marco legal decente y su floja implementación. No se enfocan en convertir los derechos consagrados en realidades concretas para las personas con discapacidad”.
Candidatos bajo la lupa
Jeannette Jara propone en el ámbito laboral crear un sistema nacional de formación e inclusión, además de una agencia nacional de empleo que integre SENCE, ChileValora, la BNE y las OMIL para “mejorar la oferta de formación y capacitación laboral para personas con discapacidad”.
En salud, plantea la “evaluación obligatoria de irrecuperabilidad al año de licencia y la automatización de la gestión de las COMPIN” para que los pagos se realicen en 30 días, junto con “horas médicas protegidas” para tramitar la credencial de discapacidad.
En protección social, vincula estos cambios con un sistema nacional de cuidados que combine apoyos, certificación, empleo, salud, continuidad educativa y formación para cuidadoras, y reemplaza el régimen de interdicción por “un régimen de apoyos para la autonomía”.
En educación, presenta un plan nacional de discapacidad para niños y adolescentes con centros de recursos inclusivos e incorpora medidas para la inclusión de personas con trastorno del espectro autista (TEA) en la educación superior. En cultura y deporte, se compromete a “una cultura deportiva transversal, inclusiva y accesible para todos”, así como a fortalecer TeamParaChile y las federaciones paralímpicas.
Siguiendo con el deporte, el programa de Evelyn Matthei sugiere “una cultura deportiva transversal, inclusiva y accesible para todos” y ampliar el apoyo a deportistas convencionales y paralímpicos, además de crear el sistema de academias mencionado.
En trabajo, pone énfasis en la creación de empleos para personas con discapacidad, aunque no detalla planes específicos. En salud, busca agilizar las gestiones del SENADIS para reducir tiempos de espera y fortalecer programas de rehabilitación.
En protección social, propone adecuar los subsidios de mejoramiento de vivienda para personas con discapacidad y adultos mayores. En educación, sugiere crear centros de apoyo para estudiantes neurodivergentes y reformular el SENCE para que la oferta de capacitación esté alineada con las demandas laborales.
José Antonio Kast estructura su propuesta en torno a la triada prevención–rehabilitación–cuidados, enfocándose en las personas mayores. Destaca su “Plan Zero”, que aborda la salud pública en general y la detección temprana, mencionando que la atención anticipada podría prevenir discapacidades y complicaciones crónicas, aunque no menciona específicamente a las personas con discapacidad. También incluye el “Plan Generación Dorada”, que es un programa nacional centrado en el envejecimiento activo y la formación de cuidadores, buscando convertir esa capacitación en apoyo efectivo y dignidad.
Asimismo, propone la flexibilidad curricular en los colegios, para que los estudiantes aprendan a su propio ritmo en lugar de seguir la edad. En cultura y deporte, promueve la integración de personas con discapacidad en diversas actividades, aunque sin dar mayores detalles.
Johannes Kaiser orienta su programa hacia rebajas económicas y focalización social: reducción del IVA en equipos médicos y productos básicos, priorizando a familias con personas con discapacidad, creando centros de apoyo para estudiantes neurodivergentes, flexibilidad curricular y propuestas de capacitación y reconversión laboral.
Con respecto al trabajo, menciona que “los discapacitados autovalentes recibirán capacitación y desarrollo en habilidades de alta empleabilidad, como programación computacional e inglés, para integrarse a la vida laboral con énfasis en la autorrealización y aprovechamiento de sus fortalezas”.
En el ámbito deportivo, menciona la creación del Sistema Nacional de Academias Deportivas, que incluiría a 15 federaciones deportivas.
Eduardo Artés es el único que lleva la discusión al plano constitucional, proponiendo su representación en una asamblea constituyente. Además, sugiere mejorar la pensión de invalidez, asistencia económica para familias con hijos que nazcan o desarrollen alguna discapacidad, y que la selección laboral no solo se base en la idoneidad sino también en las necesidades sociales de los postulantes.
Kaiser y Artés utilizan indistintamente los términos discapacitados y personas con discapacidad en sus programas.
Franco Parisi solo relaciona la inclusión con la salud ocupacional. Propone una guía clínica nacional para fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, con diagnóstico, manejo interdisciplinario y seguimiento, “para reducir jubilaciones por invalidez y abandono laboral precoz”.
Marco Enríquez-Ominami en la última versión de su programa incluye menciones a salud y educación: propone contratar mil nuevos profesionales en salud mental para la red pública, lo que podría beneficiar a personas con discapacidades cognitivas, y actualizar anualmente el currículo de los profesores en temas de inclusión.
Harold Mayne-Nicholls centra la inclusión en la inserción laboral, proponiendo ampliar los cupos del sector público más allá del mínimo legal y ofrecer incentivos al sector privado para cumplir mejor con la ley de inclusión. También propone mejorar la pensión por invalidez para asegurar ingresos dignos y difundir deportes paralímpicos en la parrilla de TVN.
Seguimos al debe
Francisco González concluye que después de revisar los programas, “es sorprendente que no se mencionen con fuerza los programas de inclusión en colegios, la accesibilidad, el transporte, la salud mental ni una postura clara sobre la legislación de inclusión laboral. Este es un tema crucial, considerando que hoy en Chile solo dos de cada cinco empresas cumplen con la legislación de incluir a personas con discapacidad”.
Para Andrea Zondek, presidenta de TACAL, el diagnóstico debe elevar el estándar: “En el debate radial de esta semana, ningún candidato ni periodista se refirió a la inclusión de personas con discapacidad. En tiempos de definiciones políticas, evaluar la inclusión no es solo un gesto simbólico: es un indicador de madurez democrática y de visión de país. Chile debe pasar de la inclusión declarativa a la inclusión estructural, con la participación de las personas con discapacidad y un compromiso interministerial que trascienda gobiernos”.
Con Información de portalmetropolitano.cl
