La diputada Javiera Morales (Frente Amplio) salió en apoyo al protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la mesa del sector público, en medio de las acusaciones de la oposición sobre un supuesto “amarre” de funcionarios. Morales explicó que la norma no beneficia a los cargos políticos ni a los funcionarios de confianza, sino que busca mejorar las condiciones laborales de quienes están a contrata y bajo contratos precarios.
La iniciativa establece mayores requisitos para llevar a cabo despidos de personal a contrata, con el fin de prevenir desvinculaciones arbitrarias. De acuerdo a un estudio del centro Horizontal, la medida podría contribuir a la estabilidad laboral de aproximadamente 33 mil funcionarios públicos.
Desde la oposición, la UDI volvió a manifestar su intención de impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, cuestionando la constitucionalidad de la norma. El diputado Jorge Alessandri advirtió que su sector empleará “todas las herramientas legales necesarias” para detener la iniciativa, incluida la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el Partido de la Gente (PDG) decidió no unirse a la estrategia de la UDI. El diputado electo Juan Marcelo Valenzuela reconoció que, aunque tiene reservas sobre la medida, no considera que la situación justifique una acusación constitucional, argumentando que el uso de esta herramienta ha sido distorsionado en conflictos coyunturales pasados, afectando la institucionalidad.
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