Claro, aquí tienes el contenido reescrito:
- Denuncia por vulneración de derechos constitucionales y presentación de acción previa bajo la Ley Karin; solicita revocación del decreto de destitución. La Corte de Apelaciones definirá la admisibilidad.
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A pesar de que se creía que la tensión en la municipalidad se estaba aliviando tras la salida del Administrador Francisco Torres, la situación ha escalado nuevamente. El abogado Torres ha decidido interponer un recurso de protección contra el alcalde Sebastián Álvarez, argumentando que su destitución se llevó a cabo de manera que violó sus derechos fundamentales. Este recurso está actualmente bajo revisión para determinar su admisibilidad.
En su escrito, Torres relata cómo se enteró de su destitución: a través de varios mensajes de Whatsapp y confirmando la información mediante un comunicado publicado en las redes sociales del municipio. Asegura que hasta la fecha de su denuncia no había recibido notificación formal de su remoción.
En su demanda, menciona: “Al revisar la cuenta de Instagram del municipio, noté un comunicado que anunciaba el ‘cierre del ciclo de funciones’, indicando que el cargo que ocupaba había sido declarado vacante”. Añade que lo comunicado representa un acto formal y definitivo que no fue notificado adecuadamente, lo que justifica su solicitud de protección ante la Corte.
Ley Karin
Además, Torres ha denunciado a su superior bajo la Ley Karin, aunque no menciona explícitamente al alcalde Sebastián Álvarez. “Desde septiembre de 2025, estoy bajo tratamiento médico por una enfermedad profesional, como lo confirma la mutualidad”, detalla en su documento.
Explica que, debido al aparente “mal trato” y “hostigamiento”, interpuso una denuncia ante la Contraloría en virtud de la Ley Karin: “Dado que el denunciante es un edil, debí presentar mis quejas en la Contraloría General de la República, debido a la falta de probidad y el maltrato laboral”, señala, indicando que la Contraloría está manejando el caso bajo el requisito de confidencialidad.
“Caso Sobresueldos”
Sobre su destitución y el contexto del “Caso Sobresueldos”, Torres menciona que nunca tuvo acceso al preinforme de la Contraloría y sugiere que su destitución fue impulsada por un nuevo grupo de concejales. Acusa que la reunión de cuatro ediles (Julio Inzunza, Verónica Castillo, Emilio Ulloa y Claudio Cortez) antes de su salida fue para “celebrar” su remoción, aunque este evento ocurrió antes de que el municipio hiciera el anuncio público de su despido.
Torres concluye su relato indicando: “Según filtraciones de prensa de un preinforme de Contraloría, del cual no tengo conocimiento, se menciona un posible perjuicio en remuneraciones, que en ningún caso me corresponden. El mismo grupo de concejales mencionados presentó un requerimiento en la municipalidad exigiendo medidas disciplinarias, indicando una presión adicional”, afirmó. También hace referencia a un instructivo de la Contraloría que prohíbe la salida de funcionarios públicos 30 días antes y hasta 60 días después de las elecciones.
Al finalizar su recurso, Francisco Torres solicita a la Corte que revoque el decreto que facilitó su destitución, del cual, según él, no ha sido notificado formalmente. “Ordenar la revocación del Decreto Alcaldicio N° 3694, que no me ha sido notificado y que ha determinado mi destitución del municipio, ha incurrido en acciones arbitrarias e ilegales que comprometen mis derechos fundamentales”, concluye el abogado, quien se representará a sí mismo en el tribunal de alzada en Temuco.
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Con Información de www.lavozdepucon.cl
