Valparaíso

Fiscalía y CDE ajustan su estrategia por ProCultura y programan reunión ante la próxima ampliación de la querella.

La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) están colaborando de manera continua y se reunirán próximamente para ampliar la querella relacionada con el caso ProCultura.

La investigación del Ministerio Público avanza en silencio, preparándose para solicitar una audiencia de formalización, según reporta La Tercera.

A pesar de las críticas de algunos parlamentarios de oposición sobre la paralización del caso tras la destitución del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, las gestiones investigativas siguen en marcha.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, designado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para continuar con la investigación, ha emitido una serie de instrucciones específicas a detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las diligencias solicitadas están enfocadas en dos áreas clave: la cúpula de la fundación y el convenio firmado entre ProCultura y el Gobierno Regional de Antofagasta, relacionado con la limpieza y pintura de fachadas.

En este contexto, Castro y el fiscal Eduardo Ríos reiniciaron la recolección de declaraciones en la primera semana de julio. Entre el miércoles 2 y el jueves 3 de este mes, se tomaron declaraciones a cuatro personas implicadas en el caso en las instalaciones de la Fiscalía Nacional.

Los esfuerzos de Castro no han terminado ahí. Esta semana se programó una reunión importante entre su equipo y representantes del CDE para coordinar acciones y revisar antecedentes.

Dicha reunión es crucial para el CDE, presidido por Raúl Letelier, puesto que el próximo jueves 17 de julio, el Comité Penal del CDE evaluará la ampliación de la querella presentada en febrero de 2024.

En esa ocasión, el CDE optó por una medida cautelosa y solo presentó cargos contra la representante legal de Procultura, María Constanza Gómez, por “apropiación indebida”.

Ahora, el CDE busca incluir más imputados, enfocando su atención en directivos y algunos jefes de proyectos de la fundación creada en 2010 por Alberto Larraín, Ilonka Csillag y Dolores Casanova.

La reunión entre los fiscales y el CDE se llevará a cabo el miércoles 23 de julio, donde se espera que se discutan las solicitudes inminentes para formalizar la investigación.

Esta no es la primera vez que el equipo de la Fiscalía de Antofagasta trabaja en coordinación con el CDE. Las colaboraciones iniciales surgieron en el marco del caso Convenios, enfocándose en la llamada arista Democracia Viva.

Según fuentes del Ministerio Público, las querellas del CDE fueron fundamentales para la formalización de Daniel Andrade y Carlos Contreras, así como para la imputación de la diputada Catalina Pérez.

Muchas de estas reuniones han sido lideradas por Eugenio Campos, jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, quien ha apoyado a los equipos de investigación y ha brindado directrices comunes para los casos.

El CDE también se ocupa de la dimensión civil del caso ProCultura y está gestionando la demanda para disolver la fundación de Larraín, tras el requerimiento del Ministerio de Justicia para revocar su personalidad jurídica y poner fin a su existencia.

El objetivo del Gobierno en este asunto no solo responde a la fiscalización liderada por Jaime Gajardo (PC), sino también a que se descubrió la desviación de fondos hacia fines ajenos a su misión social.

Tras analizar los antecedentes, el Ministerio de Justicia determinó que la fundación había violado sus estatutos, desvirtuando su fin original, que es utilizar su patrimonio para un propósito distinto del enriquecimiento de sus miembros, evidenciando una falta de coherencia entre sus objetivos y las actividades realizadas.

Por ello, Gajardo solicitó formalmente al CDE que proceda con las medidas para lograr la disolución.

“Después de revisar los documentos proporcionados por la fundación, especialmente los mencionados anteriormente, este ministerio puede concluir que la fundación ha desviado sus esfuerzos y bienes hacia actividades que no corresponden a su creación, descuidando así su objeto social, con gastos desproporcionados en personal y honorarios en relación con su propósito social“, se menciona en el comunicado del gobierno.

PURANOTICIA

Con Información de puranoticia.pnt.cl

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