Con 25 años de experiencia en el Ministerio Público, el fiscal Héctor Barros se ha consolidado como una figura fundamental en la lucha contra el crimen organizado en Chile. Especializado en el combate a las bandas narcotraficantes, dirige actualmente el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), desde donde ha observado la dramática evolución de la criminalidad, especialmente en la última década.
El 16 de junio de 2005 marcó un hito importante: se implementó la reforma procesal penal en la Región Metropolitana.
En una entrevista con La Tercera, Barros señaló que “su impacto ha sido profundo. Hace 20 años, los esfuerzos del Ministerio Público se enfocaban en luchar contra agrupaciones locales como ‘Los Cara de Pelota’ y ‘Los Cara de Jarro’, que se dedicaban al tráfico de drogas en lugares como La Legua”.
El fiscal explica que “estas organizaciones estaban formadas en su mayoría por clanes familiares y operaban en territorios claramente definidos”.
“Este entorno permitía investigar a nivel territorial y familiar. Era posible conocer a los miembros, rastrear el lavado de dinero y desarticular completamente una banda”, recuerda. Sin embargo, esta lógica se transformó drásticamente tras la pandemia y el aumento de la inmigración ilegal, un fenómeno que Barros identifica como uno de los principales motores de este cambio criminal.
A partir de 2019, el país se encontró con estructuras delictuales más complejas, ligadas a organizaciones extranjeras como el Tren de Aragua. “Se pasó de un modelo de bandas locales a grupos transnacionales sin arraigo en el país, con antecedentes difusos y un uso creciente de la violencia, extorsión y armas de fuego”, explica.
El caso de un ciudadano venezolano relacionado con el asesinato del teniente Ronald Ojeda ejemplifica este nuevo tipo de delincuente: llegó al país poco antes de ser formalizado por delitos graves. Para Barros, “este nivel de profesionalismo criminal era impensable en Chile hace una década”.
“Uno de los cambios más notables ha sido el surgimiento de secuestros extorsivos. A diferencia de aquellos casos vinculados al narcotráfico -como las ‘quitadas de droga’-, ahora se utilizan como mecanismo de control territorial y económico. Las bandas menores deben pagar tributos a organizaciones mayores, y quienes no lo hacen, enfrentan represalias que pueden culminar en homicidios”, aclara el fiscal.
Barros resalta el caso de “El Enjambre”, una banda que operaba en Providencia realizando robos violentos de celulares. Aunque su perfil delictual parecía común, dependían de una estructura superior conectada al Tren de Aragua, que controlaba el territorio y exigía pagos regulares. “Este tipo de subordinación criminal no existía en Chile. Hoy es una realidad, y lo que comenzó como enfrentamientos entre extranjeros está afectando directamente a ciudadanos chilenos”, advierte.
Un reciente ejemplo de esta expansión es el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, liberado gracias a la pronta intervención de las autoridades. Sin embargo, Barros reconoce que “los secuestros que antes afectaban casi exclusivamente a extranjeros, ahora tienen como víctimas cada vez más a nacionales”.
Según datos proporcionados por ECOH, los delitos de secuestro en la Región Metropolitana incrementaron un 28% durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. En junio, la distribución de casos fue inusual, con un 40% para secuestros y un 60% para homicidios, lo que indica una preocupante variación en las tendencias delictivas.
Frente a este escenario, Barros señala “la urgencia de fortalecer la persecución supraterritorial del delito y enfocar los esfuerzos en desmantelar los mercados ilegales que financian estas redes: drogas, explotación sexual y comercio de objetos robados. No se trata solo de capturar a los líderes, sino de desarticular los sistemas económicos que sostienen estas organizaciones”, enfatiza.
El fiscal también advierte a la ciudadanía. Según él, la demanda de bienes y servicios ilegales —como celulares robados, drogas sintéticas o servicios sexuales asociados a la trata de personas— alimenta el crimen organizado. “Contribuir a delitos comunes perpetúa el crimen organizado. Si usted consume esos servicios, también tiene las manos manchadas de sangre como el Tren de Aragua. Está financiando estas redes y, en última instancia, podría convertirse en víctima de extorsión”.
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