El severo diagnóstico del Ministerio de Vivienda sobre la lenta reconstrucción: admite «relaciones frágiles» con entidades regionales y locales.

Tras la aprobación del informe general por parte de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre la reconstrucción posterior al megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, destacó las decisiones tomadas en esta instancia legislativa, a la vez que se rechazaron en votación separada los puntos que indicaban negligencias institucionales.

El ministro aseguró que el Gobierno adoptará todas las recomendaciones propuestas por la comisión investigadora para mejorar la respuesta ante emergencias, catástrofes y procesos de reconstrucción.

«La sesión de hoy fue más reflexiva comparada con ocasiones anteriores. La mayoría de las opiniones se centraron en comprender lo ocurrido, analizar los factores detrás de los retrasos y evaluar los logros alcanzados. Buscamos establecer una comprensión objetiva que permita al Parlamento y al Estado mejorar sus prácticas», comentó Montes.

Asimismo, el ministro valoró que en la CEI se hayan corregido «informaciones incorrectas» sobre la oferta de viviendas de la Cámara Chilena de la Construcción, recordando que dicha entidad aclaró el 18 de julio que «no hubo ningún ofrecimiento por parte de nuestras empresas asociadas para donar una cantidad específica de viviendas en el proceso de reconstrucción».

El documento enfatiza que se envió una “planilla de información” y un “catastro de viviendas disponibles” y no una “oferta”, como se mencionó en la comisión. Además, se indicó que esos listados incluían viviendas fuera del rango de precio accesible para el Estado o bien, propiedades no adecuadas para familias. «Debemos ser serios. La democracia exige seriedad. Algunos buscan deslindar responsabilidades sin asumir ninguna, pero sin presentar argumentos sólidos», añadió el ministro Carlos Montes.

Destacó igualmente el esfuerzo de los funcionarios del Minvu y del Serviu, afirmando que «la gente ha estado trabajando arduamente para avanzar y eso merece reconocimiento. Es crucial que consideremos los datos reales y las razones detrás de los tiempos que ha tomado este proceso. Sin un enfoque serio, será difícil superar esta situación y tener mejores perspectivas a futuro».

Puranoticia.cl obtuvo un conjunto de conclusiones sobre los factores que determinan el ritmo de la reconstrucción, comenzando por las particularidades del daño, ya que cada situación familiar presenta características únicas en términos sociales, legales y patrimoniales; los efectos del incendio variaron; hubo múltiples modalidades de reconstrucción; y no existe un modelo único.

Respecto a la organización del proceso de reconstrucción, se señalaron las limitaciones del modelo institucional para llevar a cabo un enfoque integral y ágil. Mencionaron la política de reconstrucción, impulsada por el Consejo de Ministros, encabezado por la Ministra de Desarrollo Social, quien desarrolló el Plan de Reconstrucción. Sin embargo, señalaron que «la coordinación operativa no siempre ha sido clara ni uniforme».

Además, se hizo referencia a la desarticulación en la organización operativa, donde cada ministerio sectorial gestiona sus tareas de manera descentralizada, siendo el Minvu el encargado principal, dado que la vivienda es la prioridad. Se articularon fases y actores, «pero con dificultades». Recordaron que solo en los primeros cuatro meses estuvieron a cargo Ricardo Carvajal, la seremi Belén Paredes y el ex director del Serviu, Rodrigo Uribe.

«El Minvu es la estructura permanente que sostiene el proceso, aunque mantiene relaciones débiles con la Delegación, Seremi y Gobiernos Regionales, además de una coordinación con municipios que carece de una institucionalidad clara», reconocieron desde el ministerio, añadiendo como un factor adicional la pasada campaña electoral.

El Ministerio también identificó el componente operativo como fundamental para entender el ritmo de la reconstrucción. En este sentido, indicaron que la modalidad más común es la licitación o externalización de proyectos, lo cual generalmente toma unos 10 meses antes de comenzar las obras, abarcando desde la elaboración de bases hasta la aprobación y puesta en marcha de los trabajos.

Reconocieron también la falta de capacidades en áreas como loteos, muros de contención, estudios de suelo y apoyo legal. «Estos servicios deben ser contratados, lo cual añade tiempos al proceso», explicaron. «La coordinación con los municipios ha sido insuficiente, lo que limita la celeridad en la gestión territorial», añadieron.

Como mencionó el ministro Carlos Montes ante la CEI, surgieron imprevistos que han retrasado la reconstrucción, como exigencias de la Conaf (planes de manejo); de Sernageomin (zona de riesgo); y la construcción de muros, tomas y reintegración de sistemas de evacuación de aguas servidas.

El Ministerio destacó que se implementaron cambios legales y normativos para superar bloqueos, pero advirtieron que la ejecución depende de múltiples actores externos. Agregaron que las entidades técnicas y constructoras avanzan a ritmos propios de proyectos regulares, no de emergencias; y señalaron que la capacidad de control semanal del Estado es limitada. «La mayoría de los contratos son entre las familias y las empresas, con el Serviu actuando como supervisor y no como mandante directo».

Finalmente, enfatizaron que «desde el inicio de esta emergencia hemos reiterado que el plazo para reconstruir viviendas es de dos años. Reconocemos la urgencia de las familias y estamos trabajando con celeridad, entendiendo que el Estado tiene responsabilidades y que hay pasos que deben cumplirse antes de que las obras se materialicen. Esto ya está en marcha y esperamos seguir avanzando».

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