La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, planteó una crítica a la contralora general de la República (CGR), Dorothy Pérez, tras señalar que los fondos de emergencia podrían no ser suficientes para el reajuste del sector público debido a los incendios que afectan las regiones de Ñuble y Biobío.
En una entrevista con radio Cooperativa, Figueroa instó a la contralora «con humildad y respeto, a ser coherente con lo que ha expresado durante este tiempo: cumplir su labor sin extralimitarse en juicios que no son de su competencia, asegurando que los actos administrativos se realicen de la mejor manera posible».
«Es legítimo que cualquiera tenga una opinión; lo complicado es que la contralora no es el foro para dar opiniones sobre economía o presupuesto«, agregó. Además, subrayó que el reajuste impacta a quienes están enfrentando la crisis directamente. «Estamos afirmando a los funcionarios públicos, que hoy trabajan en la emergencia, que no recibirán el reajuste. Es decir, a quienes hoy aplaudimos, incluyendo a Carabineros, se les niega un aumento salarial», argumentó.
El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, comentó que «probablemente las declaraciones de Pérez se fueron más allá de sus atribuciones«, y acotó que se podría interpretar que «hay recursos para enfrentar la emergencia o para el reajuste. Sería absurdo pensar que no podría haber un reajuste».
Quintana añadió que «el aspecto fiscal no es responsabilidad de la Contraloría. Ella debe supervisar temas administrativos, pero el Consejo Fiscal Autónomo, el Ministerio de Hacienda y la Dipres son las entidades encargadas de eso».
El líder del PPD reconoció la «estrechez fiscal» y enfatizó que «también tenemos responsabilidad con los trabajadores públicos, por lo que debemos encontrar una solución adecuada hoy«.
Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto expresó que «cuando una contralora se involucra en decisiones de carácter político, politiza su cargo, algo que nunca se había visto en la historia de la Contraloría General de la República». Aclaró que «si bien ha cambiado varios criterios de fiscalización que nosotros apoyamos, la injerencia en decisiones políticas no beneficia al Estado ni a la ciudadanía«.
Desde la oposición, el diputado republicano Agustín Romero sugirió que «sería provechoso que se revisaran las atribuciones de la Contraloría General de la República, porque una de sus funciones es fiscalizar los actos del Gobierno, además de llevar la contabilidad administrativa del país«.
«Cuando el contralor (Jorge) Bermúdez introdujo el concepto de confianza legítima y los plazos de dos años, la Contraloría era muy efectiva, y el contralor no debe legislar ni establecer plazos. Ese fue verdaderamente un escándalo«, apuntó.
Finalmente, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que «la contralora debe garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Si estamos enfrentando un déficit fiscal de alrededor de 800 a 900 millones de dólares al año, esto indica un problema en la gestión de recursos públicos. Su advertencia es relevante, pues este tema necesita resolverse«.
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