Claro, aquí tienes el contenido reescrito con un estilo más chileno:
Sólo un 36% de las empresas que están obligadas informa haber contratado al menos el 1% de personas con discapacidad, según la Ley 21.015. El aumento al 2% está frenado hasta que Chile llegue a un 80% de cumplimiento. La Fundación Tacal señala que las brechas son más culturales que técnicas.
En el Día Internacional de la Discapacidad, Chile evalúa el avance de la Ley 21.015, que está vigente desde 2018 y exige a empresas y entidades públicas con más de 100 trabajadores contratar a personas con discapacidad (PcD). Sin embargo, su implementación está lejos de ser efectiva: de las 11.620 empresas privadas que deben cumplir, sólo 4.277 lo hicieron en 2024, lo que equivale a un 36,4%. En el sector público, la situación es aún más crítica, con apenas un 15% de cumplimiento.
En el país hay 2.703.893 personas adultas con discapacidad, lo que representa el 17,6% de la población mayor de 18 años. A pesar de estos números, el avance de la ley sigue siendo limitado. La normativa exige al menos un 1% de PcD y permite medidas alternativas, como contribuir a organizaciones reconocidas por el Ministerio de Desarrollo Social, para aquellas empresas que no logran la cuota.
Barreras culturales y desconocimiento
Las cifras reflejan obstáculos persistentes: falta de preparación interna, desconocimiento y prejuicios. Andrea Zondek, presidenta de la Fundación Tacal, sostiene que el principal problema no es técnico, sino cultural.
“Una vez un gerente me comentó que le complicaba contratar a alguien que no podía hacerlo todo, y yo le dije: ‘¿y quién puede hacerlo todo? Nadie’. Contratar a personas con discapacidad no es caridad, es reconocer su capacidad y aporte real”, señala. Además, menciona que aún hay solicitudes que reflejan un profundo desconocimiento: “Una empresa pidió cinco ingenieros civiles con discapacidad. Les expliqué que no generamos ‘ingenieros en sillas de ruedas’. Esto no es una situación aislada”.
Baja fiscalización y diferencias por sector
Aunque la ley contempla multas de 20 a 30 UTM mensuales por cada cupo no ocupado, la fiscalización es muy baja: solo un 1% de las empresas incumplidoras recibe sanciones efectivas. Desde 2019 hasta 2025, la Dirección del Trabajo aplicó más de $7.000 millones en multas, que aún son escasas considerando que existen 3.600 empresas con más de 300 trabajadores en Chile.
Los sectores de retail, banca y servicios suelen cumplir con la cuota legal, mientras que construcción, agro y transporte enfrentan más dificultades. El sector público está aún más rezagado: menos del 15% cumple y, a diferencia del privado, no enfrenta sanciones equivalentes. “El Estado no se sanciona a sí mismo”, advierte Zondek.
Mirada internacional: Chile queda atrás
Comparado con otros países, Chile tiene una cuota baja y un cumplimiento insuficiente para avanzar al 2%. En Brasil, desde los años 90 existe un sistema escalonado que va del 2% al 5%, respaldado por una fiscalización constante. En España, las empresas con más de 50 trabajadores deben cumplir un 2%, con medidas alternativas reguladas. La evidencia demuestra que cuotas más altas y controles reales fomentan la inclusión, siempre que también haya un cambio cultural y formación efectiva de talento.
Fundación Tacal: 40 años impulsando inclusión sostenida
En este contexto, la Fundación Tacal juega un rol fundamental. Fundada en 1985, capacita a cerca de mil personas con discapacidad al año en áreas como logística, alimentación, competencias digitales e incluso inteligencia artificial. Sus egresados incluyen desde personas sin escolaridad completa hasta profesionales universitarios que antes no encontraban oportunidades laborales.
“El trabajo dignifica y las empresas crecen con diversidad. Pero para que la ley genere inclusión real, necesitamos educar, fiscalizar y abrir oportunidades sostenidas, no sólo cumplir con un número”, concluye Zondek.
Con Información de portalmetropolitano.cl
