- El sitio de disposición final de residuos ha generado una intensa controversia en las últimas semanas, aunque poco se conoce sobre su situación actual y el proceso de regularización que podría extender su vida útil hasta 20 años en un sistema optimizado. Esto ocurre mientras se discute en tribunales una millonaria demanda que califica el lugar como un «vertedero clandestino».
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Recientemente, surgió una controversia en el concejo municipal que trascendió a los medios regionales. La discusión se centró en las posibles multas que podría enfrentar la municipalidad por la gestión irregular del vertedero de Los Nevados. Muchos concejales optaron por la solución más simple—pagar—sin considerar adecuadamente los datos y contexto necesarios, lo que finalmente llevó a cuestionarse la compleja situación de un vertedero que opera desde hace casi 30 años (iniciado en 1996).
Gabriela Soto, ingeniera ambiental y responsable del departamento de Gestión de Residuos de la dirección de Aseo, Ornato y Medioambiente (Daoma), explica el complicado proceso de regularización, así como las implicaciones de las multas y las acciones que se están realizando en paralelo. Indica que al menos una vez al año el Sitio de Disposición Final (SDF) es supervisado por las autoridades de Salud. Un registro de esta supervisión se encuentra en la demanda civil presentada por la familia Garrido, quienes afirman verse afectados por el SDF que limita el uso de su propiedad de 15 hectáreas.
En el documento de julio de 2024 (disponible a continuación), se detallan 19 infracciones que llevaron a un correspondiente sumario sanitario. Según Soto, las multas no se cancelan porque durante el proceso de apelación, la municipalidad argumenta que está en proceso de regularizar una parte del predio de 42 hectáreas, lo que ha evitado su pago.
¿Cuál es el estado actual? Soto menciona que se está avanzando en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un paso previo a conseguir una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que autorice el funcionamiento del vertedero. Esta DIA se asigna a un área de siete hectáreas y el objetivo es cumplir con toda la normativa vigente.
“Estamos en la segunda etapa, que consiste en recopilar información sobre la caracterización del área de influencia. La DIA consta de seis etapas y actualmente estamos en la segunda. Las cuatro primeras deben completarse antes de ser ingresadas al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA),” destaca Soto. Sobre los plazos de este proceso, añade: “No depende solo de nosotros, sino también del SEA. Esperamos que en un año y medio o dos logremos la RCA.”
Según la profesional, las siete hectáreas regularizadas podrían brindar hasta 20 años de vida útil al vertedero, si se implementan, además, proyectos alternativos que optimicen el reciclaje y la disposición intermedia de residuos sólidos. Un ejemplo de ello es la planta de reciclaje o punto limpio en Los Arrayanes, con dos instalaciones adicionales planeadas.
Según Soto, si se concreta esto, además de una planta de compostaje industrial con una inversión prevista de más de $1.600 millones, la vida útil del SDF regularizado podría extenderse por 20 años. En cambio, si se mantiene el tratamiento actual de residuos, este periodo se reduciría a la mitad, es decir, a diez años. Recientemente, se aprobó en el concejo la ordenanza de separación de residuos sólidos domiciliarios, con el propósito de respaldar estrategias de segregación en origen.
En paralelo
Pero esta no es la única acción en curso. Según Soto, el Daoma trabaja en proyectos independientes (ingeniería de detalle) que permiten gestionar los residuos cumpliendo con altos estándares y las exigencias ambientales actuales, a pesar de no contar aún con la RCA. «En 2021 se presentó una primera ingeniería que ya usamos y ahora estamos en la etapa de ampliación. La ingeniería de detalle nos ofrece las bases y fundamentos técnicos para la construcción y operación del sitio bajo la normativa vigente,” explica. “Aunque no tenemos resoluciones, estamos actuando con los estándares requeridos.”
Soto enfatiza que su principal objetivo es evitar la contaminación: “Implementamos sistemas de impermeabilización basal y final, captación de líquidos y liberación de biogás. Todos estos aspectos sanitarios del Decreto Supremo 189, que regula los sitios de disposición final, están en funcionamiento, a pesar de la falta de resolución sanitaria.” Asegura que, a diferencia del pasado, el vertedero ahora funciona bajo estos nuevos parámetros.
La demanda: “vertedero clandestino”
La situación del vertedero también tiene un componente legal. Se refiere a la demanda presentada en 2024 por la familia Garrido, representada por el abogado Flavio Fernández. En el caso, que es público en el sitio del Poder Judicial, se detalla la historia del vertedero desde su inicio en 1996. Se menciona que el lugar solo tuvo autorización hasta 2008 y no ha logrado adecuarse a las normativas ambientales desde entonces.
La demanda repasa las infracciones del SDF, al que se refiere como un “vertedero clandestino.” Argumentan que esto menoscaba su patrimonio, dado que poseen un terreno de casi 15 hectáreas que, según ellos, no puede usarse debido al mal manejo de los residuos. Solicitan una indemnización que asciende a casi $400 millones. El caso se encuentra actualmente en el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, en primera instancia y está próximo a ser dictado un fallo. La historia fue revelada en un reportaje de LVP en diciembre de 2023.
La fiscalización de Salud de 2024
Con Información de www.lavozdepucon.cl