- El alcalde tiene la responsabilidad de presentar las «condiciones especiales» al organismo regulador, que incluirán, entre otros aspectos, la cantidad de UFs mínimas establecidas para los interesados. Sin embargo, será el Consejo Resolutivo de la superintendencia quien tome la decisión final en estos temas.
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Tras la autorización de la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) el pasado miércoles para la renuncia de Enjoy a la concesión de Pucón y Coquimbo (mientras que Viña del Mar se decidirá a mediados de agosto), se inicia una nueva etapa en la historia de los casinos en la comuna. Esto se debe a que, además de garantizar una oferta económica de 121.000 UFs anuales (aproximadamente $5.000 millones) por los próximos tres años, la SCJ deberá iniciar un nuevo proceso de licitación. En este proceso, tanto las gobernaciones como las municipalidades tendrán participación activa, como el organismo lo reiteró en su comunicado tras las renuncias.
Al consultar a la SCJ sobre el grado de influencia que tienen las municipalidades en las bases de la nueva licitación que se aproxima, se dejó en claro que esto está estipulado en la nueva Ley de Casinos. Esta ley define las «condiciones especiales» para los establecimientos que formaban parte del régimen anterior (Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales). Es en esta ley donde se especifica el grado de participación de las municipalidades.
Inicialmente, el Consejo Resolutivo de la SCJ debe establecer lo que se conoce como «condiciones especiales», lo cual es solicitado por la misma SCJ después de realizar audiencias con los alcaldes de las comunas.
“El Consejo Resolutivo de la Superintendencia, previa propuesta de esta, determinará las condiciones especiales para la concesión del permiso de operación, las cuales incluirán una oferta económica mínima garantizada, la construcción o ampliación de la infraestructura turística de la comuna donde se instale el casino y el porcentaje de trabajadores del concesionario actual que continuarán prestando servicios, el cual no podrá ser inferior al 80%”, indica un artículo de la Ley (20.856). Además, se precisa que la propuesta de la Superintendencia debe presentarse tras escuchar a los alcaldes, quienes también podrán solicitar ser oídos posteriormente sobre la propuesta formulada.
En resumen, aunque la SCJ propone estas «condiciones especiales», debe hacerlo tras consultar a los alcaldes. Además, el municipio será consultado más adelante sobre las propuestas y viabilidades técnicas y sociales de los proyectos presentados. Cabe recordar que en esta etapa, el proyecto actual de Enjoy enfrentó varias complicaciones para su ejecución debido a dificultades en la obtención de permisos. La anterior administración municipal valoró más positivamente la propuesta del actual concesionario en comparación con la presentada por la empresa Dreams.
Según la SCJ, mantener en funcionamiento el casino de Pucón durante los próximos tres años, es decir, hasta 2028, podría resultar en una recaudación fiscal superior a los $17.623 millones. Esta cifra incluye los ingresos del impuesto específico al juego ($7.547 millones), la recaudación de IVA ($7.170) y el porcentaje del impuesto por entradas ($2.904). Cabe destacar que esta cifra no incluye la oferta económica garantizada anual que, para Pucón, asciende a 121.000 UFs, equivalentes a aproximadamente $5.000 millones. En cuanto a la nueva licitación, la SCJ no tiene claridad sobre las fechas exactas, pero enfatiza que debe realizarse a corto plazo para no prolongar más el proceso.
Oferta mínima en Puerto Varas
El último proceso de licitación realizado por la SCJ tuvo lugar en la comuna de Puerto Varas, donde se estableció una oferta económica mínima de 5.000 UFs ($195 millones) de beneficio municipal anualmente. Esto es un monto muy inferior a los 121.000 UFs ofertados por Pucón en 2018. Este cambio se debió a que las condiciones del mercado experimentaron una transformación significativa, y se considera que un piso más bajo fomentará una mayor competencia entre proyectos, lo que elevará las cifras finales ofertadas y contribuirá a mejoras en la infraestructura. Entre las exigencias en Puerto Varas se incluye la realización de refugios peatonales urbanos con una inversión que va de las 5.000 UFs ($195 millones) hasta las 5.500 UFs ($215 millones).
Con Información de www.lavozdepucon.cl
