- El abogado del jefe de Rentas y Patentes suspendido argumentó sobre los plazos necesarios para solicitar la exclusión del principal organismo público en el complicado caso que se presenta. Aún se encuentra pendiente la decisión sobre la reapertura de la etapa de investigación, lo que podría mantener a la municipalidad en un proceso que está en fases críticas.
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En el contexto del denominado “Caso Ulloa”, que involucra al suspendido jefe de Rentas y Patentes, Juan Antonio Ulloa, han surgido nuevos elementos intrigantes. La más reciente novedad es la posibilidad de que la municipalidad quede excluida de un posible juicio, ya que se argumenta que se sumó a la acusación del Ministerio Público con un día de retraso. Esta solicitud fue presentada por el abogado Hernán Felipe Valenzuela (en la imagen al centro, junto a Ulloa y el defensor Jorge Beltrán) el 30 de septiembre.
De acuerdo con el documento de Valenzuela, el fiscal encargado del caso, Jorge Calderara, presentó la acusación contra Ulloa el 11 de septiembre. Al día siguiente (12 de septiembre), el tribunal programó la audiencia de preparación de juicio oral para el 9 de octubre. Sin embargo, el 25 de septiembre, la abogada Rommy Gudenschwager, en representación de la municipalidad de Pucón, presentó un documento adhiriendo a la acusación.
En este sentido, Valenzuela sostiene que Gudenschwager presentó su adhesión con un día de demora. Según su interpretación, el plazo para hacerlo era de 15 días antes de la audiencia de preparación, lo que implicaba que el último día para presentar la adhesión era el 24 de septiembre y no el 25. “Conforme a la normativa, el plazo máximo para haber ingresado la adhesión o la acusación era el 24 de septiembre de 2025 hasta las 23:59 hrs. La adhesión y la acusación fueron presentadas el 25 de septiembre de 2025 a las 14:59”, se menciona en el documento, en el que se solicita al tribunal que se declare abandonada la querella, lo que permitiría que la municipalidad quedara fuera del proceso.
Alternativas y posibilidades
No obstante, la municipalidad aún guarda posibilidades. El 9 de septiembre, la abogada Gudenschwager había solicitado la reapertura del caso para la presentación de pruebas, lo que implicaría reanudar una investigación previamente cerrada en vista de un posible juicio. Si el tribunal decide, en la audiencia del 9 de octubre, acoger los argumentos de la querellante y reabrir la causa, la municipalidad podría asegurarse su participación en el proceso.
En los próximos días o semanas, se definirá el rumbo del caso. Aunque el enfoque actual es hacia un juicio oral, existe la opción de un juicio abreviado o simplificado, que son procesos más restringidos y donde los imputados a veces aceptan responsabilidades y enfrentan condenas menores. En el caso de Ulloa, la fiscalía busca una pena de cinco años de presidio menor en su grado mínimo y la inhabilitación perpetua para cargos públicos. Si se opta por el camino del juicio abreviado o simplificado, las sanciones podrían ser más leves.
Con Información de www.lavozdepucon.cl
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