Últimamente, Chile se ha despertado con noticias que parecen sacadas de una serie de terror: un cabro que se convirtió en sicario, una banda llamada La Jauría asaltando y amedrentando en plena ciudad.
No es ficción: es la cruda realidad que se asoma en los márgenes, donde la violencia se viste de éxito y la muerte se convierte en un trabajo más.
“La educación es un derecho y un deber preferente del Estado”, dice nuestra Constitución.
Pero ante estas escenas, esa promesa suena como un eco que se pierde en los rincones donde la esperanza ya no llega.
¿Dónde estaba la educación cuando la calle empezó a sustituir al aula?
Esto no es solo cuestión de delitos: son heridas abiertas en nuestra sociedad.
Cada joven que se decide por la violencia arrastra consigo el peso de una ausencia: la de una escuela que no lo retuvo, de un profe que no le extendió la mano, de un país que lo dejó aprender en la esquina lo que en la pizarra no le enseñaron.
Las cifras son frías y duelen: 50 mil estudiantes deserten cada año en Chile (MINEDUC, 2024).
Cada uno de ellos es una historia truncada.
La OCDE advierte que estas brechas representan una amenaza latente para la cohesión social (OECD, 2022).
Hoy vemos las consecuencias, no en números, sino en titulares que hacen perder la confianza.
La cárcel se convierte así en la última aula.
¿Pero qué significa educar tras las rejas? ¿Es suficiente con enseñar a leer y escribir para devolver la dignidad?
La UNESCO (2023) nos recuerda que “la educación debe ofrecer no solo conocimientos, sino sentido y futuro”.
Y ese sentido no se arma con parches: necesitamos programas que integren formación técnica, apoyo psicológico y oportunidades reales.
Porque el vacío también enseña.
Si no llenamos ese vacío con proyectos, afecto y alternativas, otros lo harán con códigos que atan.
Durante años confundimos calidad educativa con rankings y pruebas, olvidando que la verdadera meta es la justicia social (Bellei, 2015).
¿De qué sirve mejorar en evaluaciones si seguimos perdiendo humanidad?
Necesitamos escuelas que sean refugios, políticas que crucen las fronteras del aula y se introduzcan en los barrios, que hablen el lenguaje de las familias y disputen la narrativa del narco.
Hay experiencias que inspiran: las escuelas de segunda oportunidad en Europa, la educación en contextos de encierro en Uruguay (UNESCO, 2023).
No inventemos desde cero: aprendamos y adaptemos.
Al final, sigue latiendo la pregunta: ¿queremos invertir en educación o seguir echando plata en cárceles?
Si la escuela no enseña a vivir, otros enseñarán a matar. Y ahí no habrá Constitución que nos salve.
Juan Pablo Catalán
Académico Facultad de Educación.
Con Información de portalmetropolitano.cl