La Corte Suprema zanjó la millonaria demanda de una inmobiliaria y apoyó al municipio de Estación Central.
El máximo tribunal confirmó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, validando que el municipio actuó según la ley y desestimó una reclamación por más de 528 mil UF (cerca de 20 mil millones de pesos).
Este fallo deja en el suelo la millonaria demanda en el ámbito inmobiliario.
Esta decisión marca un hito para la industria inmobiliaria
La Corte Suprema rechazó por unanimidad (5-0) el recurso de amparo económico presentado por la inmobiliaria Federico Scotto SpA.
Esta buscaba obligar a la Municipalidad de Estación Central a aprobar una modificación al permiso de edificación de un edificio de 36 pisos.
El proyecto se sitúa en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con Federico Scotto.
La empresa alegó que las decisiones municipales les impedían comercializar las unidades ya construidas, poniendo en riesgo su viabilidad económica.
En el documento
La inmobiliaria mencionaba que tenía compromisos financieros por 528.677 UF, equivalente a casi 20 mil millones de pesos.
Con esta resolución, el máximo tribunal ratificó lo dictado previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmando que la Municipalidad de Estación Central actuó de manera justa.
El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, valoró la decisión.
“Es una gran noticia para Estación Central y nuestros vecinos, ya que confirma que hemos actuado como corresponde y que el municipio no tendrá que cubrir un costo millonario que habría afectado la inversión pública y social en la comuna”, afirmó.
Además
El edil enfatizó que con este fallo no se busca frenar la inversión, sino dar certidumbre a quienes cumplen la ley.
“Lo que se defiende aquí es el respeto a la ley y el bienestar de la comunidad. Queremos garantizar certezas a quienes hacen las cosas bien y cuidar la calidad de vida de nuestros vecinos”, subrayó.
El municipio además recordó que hace poco se aprobó el primer Plan Regulador Comunal de Estación Central.
Este instrumento ahora asegura certidumbre jurídica para nuevas inversiones, una situación que no existía al momento de otorgar los permisos cuestionados, lo que había llevado a la proliferación de “guetos verticales”.
Con Información de portalmetropolitano.cl
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