Con información del medio asociado: BBCL.
La Corte Suprema ha interpuesto una denuncia contra altos funcionarios del Poder Judicial tras detectar presuntas irregularidades relacionadas con la prestación de servicios remunerados a terceros, tanto en Chile como en el extranjero, durante los años 2024 y 2025.
Esta acción fue promovida por la ministra María Cristina Gajardo Harboe, quien formuló los cargos en el contexto de un sumario administrativo realizado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Los denunciados incluyen a Mario Lara Orellana, jefe del Departamento de Desarrollo Institucional; Esteban Paiva Jara, jefe del Subdepartamento de Modernización; y Pablo Cabezas Fernández, jefe del Laboratorio de Innovación.
De acuerdo con la información recopilada, los funcionarios habrían ofrecido servicios profesionales remunerados, de manera directa y a través de sociedades, en áreas relacionadas con sus funciones en la CAPJ. Esto ha suscitado preocupaciones sobre un posible uso indebido de información obtenida en sus cargos públicos.
El sumario indicó que los implicados prestaron servicios a la República Dominicana y también realizaron ofertas en Argentina y Chile mediante Innovectio SpA, sociedad en la que los tres son socios. La ministra instructora considera que estos hechos podrían configurar el delito de negociación incompatible, lo que llevó a enviar los antecedentes al fiscal nacional, Ángel Valencia.
La investigación administrativa se inició a raíz de una denuncia anónima, presentada el 20 de octubre a través del canal institucional. Dos días después, el caso fue discutido en una sesión extraordinaria del Consejo Superior del Poder Judicial, que decidió dar comienzo a la indagatoria disciplinaria.
Según fuentes cercanas al proceso, la decisión de asignar el sumario a una ministra de la Corte Suprema se debió a la gravedad de los hechos, ya que involucran a jefaturas de la Corporación y podría afectar las relaciones institucionales a nivel internacional.
Consultados sobre la investigación, los funcionarios involucrados afirmaron que están presentando sus descargos y utilizando todos los recursos administrativos para demostrar su inocencia. Además, hicieron hincapié en que la filtración de información daña su honorabilidad y vulnera el principio de inocencia.
“No hemos infringido ninguna norma. Respetamos el secreto que rige temporalmente en este procedimiento y centramos toda nuestra atención en nuestra defensa”, manifestaron a través de una declaración.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
