La Contraloría General de la República ha generado preocupación en la Municipalidad de El Tabo tras detectar 56 funcionarios vinculados familiar o personalmente al alcalde Alfonso Muñoz y a otros funcionarios del municipio. Este descubrimiento llevó a la revisión de posibles inhabilidades legales y conflictos de interés en los procesos de contratación.
De acuerdo con un informe al que accedió Radio Bío Bío, 24 de estos funcionarios tienen relación directa con el alcalde, incluyendo a dos de sus hermanas, su pareja y otros familiares cercanos que trabajan principalmente en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). Además, el documento identifica una red ampliada con primos y sobrinos desempeñando diversas funciones en áreas operativas y administrativas.
Uno de los casos más notorios es el de Karla Muñoz, sobrina del alcalde, cuyo vínculo con la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) fue considerado nulo por inhabilidad legal. La Contraloría también señaló la falta de informes, registros o documentación formal que validara su desempeño, lo que planteó serias dudas sobre la legalidad de su incorporación.
El organismo fiscalizador también halló vínculos familiares entre los altos directivos del municipio. Entre ellos, están Patricio Lagos, director jurídico; Carolina Acevedo, directora de Control; y Vicente Catalán, director de Administración y Finanzas. En todos los casos se descubrió que varios familiares trabajan en distintas unidades del municipio, siendo el caso de Catalán especialmente notable, con más de una docena de parientes empleados.
A pesar de que la Contraloría no pudo identificar irregularidades adicionales aparte de la contratación nula mencionada, el informe revela una extensa red de vínculos familiares y laborales que podría dar lugar a futuras auditorías internas o administrativas. El organismo subrayó la importancia de examinar estas relaciones bajo los principios de probidad, transparencia y prevención de conflictos de interés.
Ahora, la Municipalidad de El Tabo debe responder a las observaciones y demostrar la legalidad de las contrataciones cuestionadas, mientras el caso seguirá siendo monitoreado por la entidad fiscalizadora.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
