Contraloría intensifica las fiscalizaciones y detecta casos de funcionarios que apostaron, viajaron o trabajaron durante su licencia médica.
La Contraloría General de la República ha ampliado las investigaciones sobre el uso indebido de licencias médicas por funcionarios públicos, identificando nuevas conductas que violan las normativas de reposo laboral. Esta información fue presentada por la contralora Dorothy Pérez a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados en una sesión celebrada el lunes.
“Realizaremos esta fiscalización de manera masiva cada año”, advirtió la contralora. Proporcionó detalles sobre las acciones que forman parte de los nuevos Consolidados de Información Circularizada (CIC), que tienen como objetivo detectar a los empleados del Estado que, mientras se encontraban con licencia médica, trabajaron en emprendimientos, recibieron multas de tránsito en lugares distintos a su domicilio, viajaron dentro del país, apostaron en casinos o visitaron parques nacionales.
Pérez enfatizó que el proceso incluye el cruce de bases de datos públicas para identificar situaciones que son incompatibles con el estado de salud declarado en las licencias. “Estamos revisando con el objetivo de disuadir a los funcionarios públicos”, afirmó. Destacó que, aunque la mayoría de los trabajadores cumplen con sus responsabilidades, “hay algunos que no, y para ellos estamos evaluando cada caso.”
Recuperación de recursos públicos malversados
Durante su exposición, la contralora destacó que esta estrategia de fiscalización no solo tiene fines punitivos. “Lo que realmente nos interesa es disuadir para que la mayor cantidad de recursos públicos que se malgastaban en esto sean utilizados en la atención de salud de la población más vulnerable”, afirmó.
La Comisión Investigadora fue creada tras la publicación de informes a mediados de mayo que alertaron acerca de más de 25 mil funcionarios que salieron del país con licencia médica vigente, lo cual generó preocupación a nivel nacional.
Además, Pérez se refirió a las investigaciones en marcha que involucran a personal de Dipreca y Capredena, organismos previsionales especiales del sistema público, y adelantó que “probablemente dentro de dos meses” se conocerán los resultados del trabajo iniciado tras la entrega del primer CIC en mayo.
Por último, mencionó que la fiscalización inicial se centró en funcionarios civiles afiliados a Fonasa o Isapre, pero ahora se está extendiendo a los sectores militar y policial.
Con Información de www.diarioelcentro.cl